Una lata de atún pasa de mano en mano. Va por turno hasta donde alcance. Y esa pequeña porción que les cabe en los dedos es lo único que prueban en doce horas.

Se trata de un grupo de once personas de nacionalidad venezolana que la mañana del jueves último y por orden de la fuerza pública abandonó la mina vieja de la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, donde trabajaron de manera ilegal por seis meses.

Solo alcanzaron a llevar lo que tenían puesto y en algunos casos lograron sacar colchones y cobijas para pasar la noche a la intemperie, hasta el viernes en que empezaron a salir desde la terminal terrestre. Unos lo hacen en bus, otros a pie.

“Aquí amanecimos, tal y como nos ve”, dice Johana Gutiérrez. Ella se dedicaba a preparar alimentos en una especie de restaurante que había en la zona montañosa. La acompañan su esposo, su hija y una nieta de dos años. Hay otras menores de 7, 9, 13 años, y cuatro adultos. La mujer cuenta que no se han podido proveerse ni de un vaso de agua, porque no tiene dinero. “Allá arriba estábamos mejor, por lo menos y aunque de manera ilegal, teníamos un techo para descansar, mírenos, estamos a la intemperie y sin saber a dónde ir”, señala la mujer, quien recalca que unos ecuatorianos los iban a ayudar para quedarse en una vivienda de la comuna de Guayllupe, pero en el control de San Gerónimo no los dejaron pasar.

LISTOS PARA VIAJAR

En cambio, en el andén estaban tres primos, también venezolanos. Se trata de Rober Sánchez, Carlos Carriel y José Camacho. Trabajaban en la mina vieja, pero se salieron cuando vieron a los militares. Hasta las 12:00 esperaban que un familiar que tienen en Chile les haga un depósito para tomar un bus y viajar hasta el puente internacional de Rumichaca, límite entre Ecuador y Colombia. Su destino era Bucaramanga en el vecino país, donde esperaban conseguir un trabajo.

“Estamos peor que antes” dice Jhan Finol, quien explica que de Venezuela salió hace tres meses y llegó a Ibarra, donde no encontró ningún trabajo, ni siquiera progresó como vendedor de caramelos. Entonces escuchó que en las minas había trabajo y se fue. Cargaba palos, sacos de yute, recogía el material con sus manos y le pagaban una buena cantidad de dinero. Con eso estaba tranquilo.

“Por lo menos cuando vine al Ecuador tenía para los pasajes, ahora ni un centavo cargo”, añade su compatriota, Eveddys Marrero.

Un grupo de más de 50 personas, hasta el mediodía del viernes estaba en la estación de buses con el temor de que los desalojen por ser un sitio privado. “A dónde vamos a ir. Si tuviera dinero me iría a una hostal barata para bañarme, cambiarme la poca ropa que tengo y dormir. Es más, no tengo ni para una llamada”, detalla Yorman Vásquez.

Dato

Empiezan a irse

El gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, informó que 2.100 personas (la mayoría venezolanos y colombianos, aunque también hay argentinos, dominicanos, haitianos, peruanos y cubanos) ingresaron a la estación de buses desde el martes. De ese número, 800 se dirigieron a Quito, 600 hacia Tulcán y las demás, al parecer, se quedaron en la provincia. Pero se desconoce si están en la capital imbabureña. La orden es que desde la Intendencia de Policía se inicien controles en los hostales y hoteles para revisar que los propietarios cumplan con el registro adecuado de cada huésped y compararlo con las estadísticas que lleva el puesto de mando.

Castillo, además, dijo que se gestionó ante el Programa Mundial de Alimentos para que puedan dotar con raciones a la población vulnerable que abandona Buenos Aires. Esto es para niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.