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Hasta 5 años de prisión por revelar el listado de un motel
Servidor público fue denunciado en la Fiscalía. Ayer por la mañana presentó su renuncia en la Intendencia del Guayas, pero el Ministro del Interior pidió no aceptarla.
El establecimiento negó que dicha lista les pertenezca.
Fue tendencia en redes sociales. El video, en el que se muestra el listado de personas que en abril ingresaron a un motel de Guayaquil, circuló a nivel nacional a través de cuentas de Facebook, Twitter y WhatsApp, desde la tarde del pasado jueves.
Su autor, un analista de la Intendencia del Guayas, presentó ayer su renuncia, según informó Luis Monge, gobernador de la provincia. No obstante, el ministro del Interior, Pedro Solines, dio indicaciones para que no se la aceptaran.
“Mi reacción es de indignación, de rechazo a esta actitud, no solamente inmadura, inescrupulosa, sino delictual de este funcionario de la Intendencia”, lamentó Solines.
El ministro arguyó que “le he dicho al gobernador del Guayas que no le acepte la renuncia, sino que se le abra un expediente administrativo para que sea despedido de acuerdo a la ley y se presenten las acciones penales”.
A las 00:24 de ayer, tras el escándalo en redes sociales, el intendente Ricardo Nicolalde asentó una denuncia formal contra el servidor público, quien laboraba en la entidad desde hace dos años. En consecuencia, el caso pasó a manos de la Fiscalía, “para que se asiente un precedente”, aseveró Monge.
El fiscal Giancarlo Almeida, de la Unidad de Flagrancia, explicó que el suceso se investiga por el delito de “revelación ilegal de base de datos”, tipificado en el artículo 229 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En el apartado legal se señala que “la persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Sin embargo, “si esta conducta se comete por un servidor público (...) será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”, se añade en el segundo inciso.
Almeida acotó que la información divulgada corresponde a los registros de clientes de un motel, los cuales deben ser entregados a la Intendencia mensualmente.
El fiscal detalló que esa actuación constituye un delito y no una contravención, porque se trata de información de acceso restringido.
“Qué pasaría si le sacan fotocopias (al listado), qué pasaría si para hacer daño aumentaran o quitaran un nombre. La única fuente de información es la Intendencia”, mencionó el funcionario judicial.
Además, fustigó que “hay que ver si el funcionario no fue más allá, si solamente se quedó en el vídeo o si también sacó algún tipo de fotocopia, que serviría para chantajear a las personas. Por eso la Fiscalía tiene que investigar”, fustigó el funcionario judicial.