En enero de 2025, apenas comenzaba el año, a Maryuri (nombre protegido) le quedó claro que vivir en la cooperativa Balerio Estacio exponía a su familia a la violencia de las bandas criminales. Hoy ya no reside en ese sector del distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Se mudó cargada de preocupación. Teme que delincuentes se apropien de su casa.

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El viernes 10 de enero, cuando aún vivía en la quinta etapa de la cooperativa, criminales ingresaron en varias viviendas vecinas y robaron sus pertenencias. “Hicieron saqueos, apuntaron a unas niñas con armas con tal de llevarse las cosas”, recuerda.

El horror que provocaron los malhechores llevó a muchas familias a tomar una decisión radical. “Algunas ya se han ido de allí, se han cambiado”, cuenta.

Ese día, los antisociales no irrumpieron en su domicilio. Aunque estaba asustada por los robos, Maryuri no pensó en cambiarse de barrio. Pero hace dos meses no le quedó otra opción: dos tipos malencarados llegaron a pedirle dinero para no atentar contra ella o simplemente para robarle.

Cuidándose de no revelar datos que la expongan, no detalla a qué agrupación delictiva pertenecían ni cuánto dinero le exigían. Pero insiste, inquieta, que su casa deshabitada podría ser utilizada para actividades ilícitas.

Maryuri se ha enterado de que esa práctica ocurre en sectores cercanos e incluso ha recibido información de que ya merodean las casas de sus vecinos. Ella, cuando puede, va a comprobar que todo esté bien en su propiedad, pero debido a la inseguridad le resulta difícil acudir con frecuencia a la Balerio Estacio.

En 2024, según datos policiales, se recuperaron más de 170 viviendas en ese distrito, en favor de sus propietarios, las cuales habían sido tomadas por criminales. EXTRA consultó al área de Comunicación del distrito Nueva Prosperina cuántas casas se han recuperado este año, pero hasta el cierre de esta nota no se precisó la cifra.

El secuestro es el principal delito para el que son utilizadas las viviendas arrebatadas a sus dueños. Este año, cuando agentes del distrito han informado sobre liberaciones de secuestrados, han señalado que las víctimas permanecieron retenidas en casas abandonadas por sus propietarios, forzados por grupos criminales a dejarlas.

Uso de construcciones precarias

Otra característica de estos raptos es que las víctimas han permanecido en construcciones rudimentarias, ubicadas en zonas de difícil acceso.

Un claro ejemplo fue la chanchera donde el viernes 6 de junio hallaron sin vida a una comerciante de origen chino, secuestrada en la ciudadela Martha Roldós. La mujer estaba en una cisterna del lugar, junto a otras tres personas también víctimas del mismo delito.

El sitio, que cuenta con cuatro deteriorados cubículos de cemento usados para la crianza de animales, está en una colina a la que solo se accede a pie por estrechos escalones de tierra. La calle más cercana, por donde puede transitar un carro, está a unas tres cuadras cuesta abajo y es un callejón angosto y empinado, por donde apenas caben dos vehículos.

A esa vía se llega desde una calle transversal a la avenida Casuarina. Por las dificultades de acceso, es evidente que solo ingresan quienes viven en el sector o conocen bien la zona.

Evelyn Montalván, secretaria técnica nacional de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, aclara que sectores como Flor de Bastión, Paraíso de la Flor y Monte Sinaí, donde hay construcciones de este tipo, están legalizados.

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Sin embargo, cuando el personal de la institución ha realizado inspecciones para verificar que no existan asentamientos ilegales, han constatado que hay numerosas edificaciones precarias.

Los funcionarios realizan estas visitas acompañados por agentes de la Policía Nacional, para verificar si hay personas habitando inmuebles que no les pertenecen.

“Nosotros colaboramos, porque tenemos la base de datos de Monte Sinaí, para que las personas recuperen esas viviendas. También lo hicimos en Durán, en Fincas Delia”, comenta Montalván. Pero recalca que el dato de viviendas tomadas por grupos delictivos lo maneja la Policía Nacional y el Bloque de Seguridad.

Informalidad y desplazamiento

La toma de viviendas por parte de criminales para fines delictivos en zonas marginales, al igual que la proliferación de construcciones precarias con ese mismo fin, son consecuencia de la informalidad en la comercialización de tierras, según Kléber Carrión, experto en seguridad y oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional.

Añade que esa informalidad surgió por la falta de un control estatal riguroso que permitiera que grandes extensiones de tierra fueran adquiridas por pocas familias y dirigentes, quienes luego se lucraron con la venta de solares.

“Estas cooperativas que se formaron fueron el caldo de cultivo para que se vayan gestando pandillas, que se fueron convirtiendo en bandas”, explica.

Agrega que, con el tiempo, las agrupaciones delictivas desplazaron el poder de los dirigentes barriales y de quienes asignaban informalmente los terrenos. “Obviamente, las bandas, para cumplir sus objetivos, si tienen que desplazar o quitarles la posesión, lo hacen, porque tienen la hegemonía de las armas y la ausencia del Estado”, analiza el experto.

Lo explicado por Carrión coincide con el breve relato de un dirigente barrial de Pascuales, quien tiene conocidos en labores dirigenciales en Nueva Prosperina. “Allá, los dirigentes tienen que ‘copiarle’ (obedecer, acatar) a las bandas, no delatarlos ni hablar de las cosas que hacen”, cuenta.

Por eso, señala, en algunos casos la labor de estos ciudadanos se limita a gestionar mejoras físicas con instituciones públicas. Pero en cuanto a seguridad, están condicionados por las amenazas y advertencias de los criminales.

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