Durmieron en la sala de espera de la morgue de la Policía Nacional de Quito, con la pierna izquierda de Arbel Salas, uno de los afectados en la explosión ocurrida en Los Cóndores, el 2 de febrero.

Lucía, Mayerlin y Gabriela recibieron la extremidad amputada la tarde del jueves, en el hospital donde el hombre está siendo atendido. “Nos dijeron que debíamos cremarla. Nos entregaron la pierna en una caja y ya”, indicó Mayerlin, exconviviente del hospitalizado.

Entonces empezó la angustia. Las tres mujeres fueron a casas de salud públicas para ‘encargar’ la pierna en algún frigorífico hasta saber qué hacer con ella. También acudieron a la Policía y finalmente a la morgue. En ninguno de estos sitios les ayudaron. Se trataba de una situación peculiar.

Ellas caminaron por horas con la extremidad en una caja de cartón envuelta en un plástico negro y ya en proceso de descomposición. “El hospital nos pidió que lleváramos además un certificado de cremación”, explicó Mayerlin.

Para esta familia resulta imposible cubrir los 350 dólares que cuesta este proceso, pues luego de la explosión incluso perdieron el sitio donde vivían. Estos precios los averiguaron en distintas funerarias de la ciudad. 

“Los dueños de casa les pidieron que desocupen el departamento. Están viviendo con un vecino”, relató Gabriela, una amiga que las acompañó en la travesía.

La explosión ocurrió cuando inflaban globos con helio, pues fue el negocio que esta familia de migrantes inició al llegar a la ciudad. Además, la mamá de Arbel también está hospitalizada. Ella estuvo a punto de perder también una de sus extremidades. “Le pusieron unos clavos para sostenerla, pero está delicada”, comentó su hija Lucía, quien tiene un embarazo de ocho meses. Así amaneció en la sala de espera del anfiteatro, incluso con dolores en el vientre.

Sin opciones

Las tres mujeres no tenían ni para el pasaje. No podían llevarse la pierna a la casa del vecino que las acogió. “Esto va en contra de los derechos de estas personas, además que no tienen ni qué comer”, dijo Gabriela.

Según ellas, llamaron al menos cinco veces al ECU-911 y les prometieron enviar una patrulla para que las ayudara o para tener resguardo policial. “Llegaron la mañana de hoy (ayer)”, contaron.

Finalmente el hospital ya no les exigió el certificado y ellas buscaron una funeraria que las ayude a enterrar la pierna.