Carlina pega un hondo suspiro de decepción detrás del doble enrejado de su tienda. Tuvo que reforzar la seguridad del negocio, luego de que le robaran el celular, cuando salió a contestar una llamada.

Hace seis meses, ella y su familia llegaron desde la Sierra para montar el local en la calle 17, en el suburbio de Guayaquil. Las ilusiones se esfumaron tan rápido como se estacionan las motocicletas o vehículos y se llevan a las trabajadoras sexuales que pululan a lo largo de esta arteria.

Es justo la presencia de las chicas, que empezó con la pandemia, lo que genera la inseguridad en la zona, según Carlina. Y no solo eso, la joven, de 20 años, ya ni siquiera puede salir al portal porque la confunden con las decenas de muchachas que están en cada esquina, esperando a sus clientes.

Ella asegura entender el trabajo de las sexoservidoras, que destacan en las intersecciones por sus ropas ajustadas, pequeñas y coloridas, e incluso ya hasta se ha acostumbrado a su presencia, pero lamenta que esto genere desórdenes e inseguridad.

Ya ha perdido hasta la cuenta de los operativos, peleas, escándalos y borrachitos tambaleantes que ha presenciado desde que se mudó a un lugar en el que pensó que les iría bien. 

La presencia de las trabajadoras sexuales en la 17 se dio a raíz del cierre de los nights clubs y prostíbulos en marzo de 2020. A pesar de que estos volvieron a abrir en septiembre del año pasado, muchas de ellas han preferido quedarse en esa calle para trabajar porque argumentan que así ganan más dinero. Ya llevan un año en esa situación y comerciantes y moradores temen que esto se establezca en la zona, como ha ocurrido en la avenida 9 de Octubre.

Sin embargo, aunque el trabajo sexual no está prohibido como tal, ejercerlo en la vía pública y particularmente en esa arteria regenerada, no está permitido según una ordenanza reglamentaria de la zona de regeneración urbana del centro de la ciudad, emitida en 2004. 

Pero, ¿quién controla o quién debería solucionar el problema que se ha formado con el trabajo sexual en la 17? Según la Intendencia de Policía, entidad encargada del orden público, esto es competencia municipal;y, según el Municipio de Guayaquil, es tarea de la Intendencia. El resultado: las trabajadoras sexuales continúan ejerciendo su labor en zonas prohibidas.

Para el exintendente de Policía, Nayid Lara, quien debería liderar el control y reubicación de las chicas es la Intendencia, pues es la encargada del orden público. Sin embargo, coincide que es una tarea que debe ejecutarla en conjunto no solo con el Cabildo porteño, sino con otras instituciones.

“Tienen que sentarse y hablar todos los que son responsables. Este es un tema de orden público. A la cabeza debe estar la Intendencia, pero también es un problema del Municipio, porque el uso de suelo les compete a ellos. Esto es causa y efecto de la pandemia, pero si no se toman medidas se podría salir de control”, comenta.

Analiza que si las autoridades siguen “tirándose la pelotita” porque ninguna quiere involucrarse en el tema de la prostitución, a la larga los únicos perjudicados son los ciudadanos porque “no saben a quién llamar y tienen al policía yendo y viniendo dos, tres y cuatro veces a un problema que ni él sabe si le compete o no”.

ACCIONES

En la misma ordenanza también se establece que realizar cualquier acto que perturbe la tranquilidad de los vecinos, el decoro, la seguridad y la salubridad dentro del área de intervención” está prohibido. Y esto es lo que más han visto Yanina y Zoila, quienes atienden en una panadería del sector.

Lo que más les incomoda son los ebrios, cuya presencia se intensifica al mediodía, relatan. Desde el puente de la 17 hasta Portete, en cada esquina hay de dos a tres chicas. 

Cuentan que al principio de la pandemia había más y se peleaban entre ellas. A un año de esta situación no ven tantas peleas, pero sí sienten que hay más inseguridad, presencia de motocicletas y el consumo de alcohol, prohibido en la misma ordenanza.

Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, informa que han realizado operativos en la zona, pero para clausurar casas de citas clandestinas y los comercios que no se apeguen a la comercialización de productos permitidos según su razón social. Reitera que, en cuestión del trabajo sexual, es la Intendencia la que debe ejercer control.

No obstante, la intendenta Ana Cristina Leyton remarca que “nuestras competencias están señaladas en la legislación. El Municipio tiene el control de los espacios públicos. Controlo el orden público en el sentido de que el Municipio dicte sus regulaciones. Controlo en virtud de lo que ellos disponen como autoridad”, dice.

Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el tema no es tan sencillo porque “no cabe criminalizar o discriminar a trabajadoras sexuales por prácticas de sobrevivencia frente a la pandemia. Cabe ordenarlo considerando criterios de comunidad fortaleciendo vocería”.

El defensor de los Derechos Humanos cita al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)y elMinisterio de Salud Pública (MSP) como dos organismos que debían sumarse a la lista para tratar este problema.

Además, aclara que para evitar la presencia de las trabajadoras sexuales bajo ningún concepto pueden detenerlas. “La penalidad se ejecuta cuando se realiza el acto sexual en la vía pública. Eso dudo que ellas lo hagan”, añade.

Por eso, Lara agrega que este es un problema con varias aristas, pero que no es imposible de resolver. Ambos coincide en que todos los organismos de control deberían idear un plan que involucre una planificación para que tanto ellas tengan más seguridad para ejercer su labor, como la ciudadanía recupere su tranquilidad.