Son las 21:00 y el flujo de vehículos se ralentiza. Algunos conductores solo bajan la velocidad para observar a los costados, pues atractivas mujeres, con ajustadas y provocadoras vestimentas, caminan lentamente sobre la vereda.

Es la calle Elías Muñoz, cerca de la Plaza Dañín, en el norte de Guayaquil. Este sector es conocido por la frecuente presencia de trabajadoras sexuales, quienes generan competencia a un exclusivo club nocturno que se ubica a pocos metros.

En el lugar es común observar a sexoservidoras ecuatorianas, colombianas, dominicanas y venezolanas. Estas últimas son mayoría. Las féminas laboran en el sitio solo en horas de la noche. Su modo de negociar es en la vía pública, donde acuerdan un valor con algún cliente y luego se embarcan en su vehículo para dirigirse a alguna vivienda, motel, hostal u hotel.

Es una práctica que se ha hecho común en la zona, que no afecta a las zonas residenciales, porque en esa calle solo existen locales comerciales y empresas que operan en el día.

Sin embargo, es en los establecimientos regulares donde se han percibido golpes a la economía, porque el negocio lícito de la prostitución se ha visto aparentemente afectado.

En los últimos seis meses, los dueños de clubes nocturnos han notado un ‘bajón’ en su clientela y afirman tener claro el motivo: el incremento de servidoras sexuales en las calles y sitios clandestinos.

Así lo detalla el presidente de la Asociación de Propietarios de Centros de Diversión Nocturna del Sector Norte de Guayaquil, Claudio Cabezas. El empresario añade que otro factor que influye es el valor por el que las trabajadoras irregulares, en gran porcentaje extranjeras, ofrecen sus servicios.

“Están causando un perjuicio muy grande, tanto a nosotros los empresarios como a las trabajadoras sexuales que son ecuatorianas... Una ecuatoriana cobra diez dólares, pero el cliente se va con una extranjera por 5 dólares”, precisa el dirigente.

Sin embargo, aclara que no consideran como un problema su nacionalidad, sino la falta de controles en su salud. Con esta versión también coincide la presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Autónomas, en Guayas, Jovita Valencia, quien sostiene que “no nos hacen obstáculo las personas que vienen de otro país. Lo que queremos es que se hagan su chequeo”.

Y ese sí es un asunto que preocupa a ambos, porque según explica Claudio Cabezas, en el Puerto Principal han detectado que en esta actividad laboran alrededor de 600 foráneas y que de esa cantidad, apenas algo más de 100 tienen documentos en regla. Y ellas trabajan en locales regulados.

La presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, Laura Toscano, explica que acceder a una Tarjeta Integral de Salud es sencillo, pero existen sexoservidoras que no quieren someterse a los controles.

Valencia agrega que “algunas, cuando les da la gana, pasan los controles; y cuando no, no. Y aunque no es competencia nuestra, nosotros vamos a la calle en pos de conquista, para visitarlas y recomendarles que se hagan los chequeos, pero no podemos obligarlas. Es su decisión”.

En los alrededores de los parques Centenario, Victoria y Chile, del centro de la urbe, se ha vuelto ‘normal’ ver en pleno día a mujeres que ofertan sus servicios sexuales. En su mayoría, no portan ningún documento que valide sus condiciones para ejercer con libertad este oficio.

En la intersección de Pedro Moncayo y 10 de Agosto, en el centro, un grupo de sexoservidoras se reúne para empezar su jornada. Desde ese punto se desplazan hacia diferentes sitios, donde -según transeúntes- tienen negociadas habitaciones con algún hostal.

Ellas evitan hablar. No quieren entrevistas, pero su realidad es conocida por comerciantes callejeros y personas que frecuentan esos sectores. Y ellos la cuentan.

Por eso, comentan que existen algunas féminas que no necesitan pararse en una esquina o caminar de un lado a otro para mostrarse, solo agarran un banquito y se sientan a esperar, porque sus clientes ya las conocen.

Pero ellas no hacen parte de las 50 mil trabajadoras sexuales que a nivel nacional registra la Red que las representa.

“La clandestinidad mata”

Jovita Valencia y Laura Toscano se han unido para trabajar juntas y a diario recorren las calles de la urbe porteña para localizar a las trabajadoras sexuales irregulares.

“Nosotras representamos a todas, aunque no tengan sus registros. Es una lucha por todas”, señala Valencia.

Además, argumenta que “en la calle sí hay señoras que se hacen sus controles por salud. Nosotros hemos organizado charlas e incluso trabajamos con distritos de la Policía. Les indicamos que usen preservativos, que vayan a los centros de salud, que se hagan sus chequeos”.

No obstante, no todas la escuchan y prefieren mantenerse bajo las sombras, para no constar en ningún registro, pese a que las tarjetas de salud que reciben las trabajadoras sexuales no contienen fotografías ni sus datos. “Únicamente llevan un código que solo ellas y el Ministerio de Salud pueden identificar. Ya no es como antes, que había un carnet que discriminaba y era utilizado para cometer muchos abusos”, acota Toscano.

Y finaliza: “El llamado es que todas las trabajadoras sexuales no vivan en la clandestinidad, porque la clandestinidad mata, les puede dar cualquier enfermedad, porque sin un control somos ignorantes de que tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual”.

Así opinan

Jovita Valencia, dirigente

Algunas señoras que están en la calle no tienen control. Se hacen un daño enorme y generan riesgo”.

Laura Toscano, representante

“Antes había un carnet con fotos y nombres. Le dimos de baja. Era un documento de explotación”.

Claudio Cabezas, propietario de club

Esta situación a nosotros nos está perjudicando muchísimo. Hay muchas trabajadoras en la calle”.