En 2016, la Ordenanza 127 estableció una transitoria que otorgaba el plazo de un año a los centros de tolerancia para moverse a zonas de uso de suelo industrial.

El tiempo se cumplió en julio del año pasado y estos sitios no han sido removidos, como estaba previsto.

“El plazo feneció y estas casas de citas, en su mayoría, no se han reubicado y hay que tomar alguna medida, porque tampoco es viable cerrarlos por completo, para impedir que las señoras que allí trabajan se callejicen”, aseveró Eduardo Del Pozo, vicealcalde de Quito.

Esto mantiene preocupados a los moradores de la avenida Diego de Vásquez, al norte de la capital, pues estos lugares serían un foco de delincuencia. Cerca de la zona funciona un ‘night club’ desde hace más de 20 años y, a pesar de que los vecinos han presentado denuncias al Municipio, la Policía y la Comisaría, no han logrado que su barrio, reconocido como residencial, erradique este tipo de actividad.

“Los ladrones van a organizar los robos ahí, en la noche hay peleas y la acera está llena de orina. La situación es tenaz”, comentó José, uno de los moradores de la zona. El Uso de Suelo en Quito está dividido en categorías, como la residencial (1,2,3), múltiples (negocios), agrícola y áreas protegidas. En este momento, las actividades de estos establecimientos, denominadas CM1A, solo están permitidas para las zonas industriales.

Es por eso que al no lograr la reubicación de los locales que funcionan en áreas residenciales, agrícolas o protegidas, el Concejo Metropolitano analiza flexibilizar esta ordenanza de Uso y Ocupación de Suelos de Quito. El 12 de enero se mantuvo un primer debate sobre el tema en sesión ordinaria y ayer la mesa de trabajo también analizó el caso.

El funcionamiento

Esta flexibilización a la Ordenanza 127 permitiría que estos establecimientos accedan a licencias de funcionamiento especial, incluso si conservan el uso de suelo incompatible.

Según el edil Sergio Garnica, presidente de la Comisión de Uso del Suelo, son 84 centros los que están en análisis, de los cuales “los que hayan tenido algún documento de autoridad competente hasta 2012 tendrán la posibilidad de obtener la licencia. Los que no, se clausuran”, dijo.

Esto es algo con lo que no están de acuerdo quienes viven con las sensación de inseguridad que provocan estos locales. “Las autoridades incluso tienen miedo de meterse con los dueños de los prostíbulos porque es gente peligrosa, venden droga en las afueras. Nos sentimos desprotegidos”, dijo Arturo, uno de los moradores.

Esta preexistencia no les dará la licencia por sí sola, sino que la Secretaría de Inclusión Social deberá emitir un informe de convivencia, que será el resultado del diálogo entre quienes se dedican a esta actividad y los vecinos.

Aquí los establecimientos deben cumplir con las normas de control de ruido, seguridad, salubridad, entre otros. Asimismo, los centros de tolerancia que estén ubicados en zonas agrícolas o protección ecológica deberán obtener un informe ambiental favorable, emitido por la Secretaría de Ambiente.

“El establecimiento debe probar que no tendrá ninguna repercusión social y ambiental”, aseguró Lorena Velasteguí, asesora técnica delegada en la mesa.

Las posibilidades

Para Natalia Valvelder, representante de los dueños de los centros de diversión para adultos, el cierre de estos negocios tendría como consecuencia que las trabajadoras sexuales ofrezcan sus servicios en las calles.

“Ya hemos tenido experiencias, como la 24 de Mayo y la calle Larrea, en el centro. Los negocios se fueron, pero las mujeres no”, sostuvo. Ella también ha sido parte de la mesa de trabajo y sostuvo que de los 84 establecimientos que están en análisis, solo el 60 % podría alcanzar estas licencias. “Van a ponernos requisitos a cumplir y si no pasamos la inspección simplemente nos vamos”, aseveró.

La representante de este gremio afirmó que no todos los moradores de los barrios están en desacuerdo con su funcionamiento. En esto coincide Esperanza, que tiene un negocio de comida en la calle Bolivia, en el norte de Quito. “Puedo decir que esos negocios han mantenido el dinamismo comercial de esta calle”, comentó.

Ella, por ejemplo, solo pide que se mantengan controlados en cuanto a salubridad y seguridad. “Respeto a las chicas que trabajan ahí. Uno no sabe lo de nadie”, dijo.

Un acuerdo controversial

Estos acuerdos que se debaten en las mesas de trabajo y Concejo Metropolitano no convencen a algunos vecinos, que incluso buscan otros sitios donde vivir para no lidiar más con la sensación de inseguridad que les provocan estos centros.

“En uno de los pasajes del sector muchas personas son asaltadas, yo mismo he salvado a unas cuantas”, comentó Arturo, vecino de la Diego de Vásquez. Por ahora, los ediles trabajan también en los Planes Urbanísticos Especiales (POAE), en los que se analizarán varios puntos, según Luis Reina, concejal de Quito.

“Hay algunos territorios que deberán cambiar de rurales a urbanos, esto está en modificación todavía”, afirmó. Estos centros nocturnos además deberán cumplir con normativas del Cuerpo de Bomberos, así como botones de pánico, baños adecuados, entre otros requerimientos sanitarios.

Para quienes viven cerca de estos lugares, estos parámetros no se han cumplido antes, por lo que piden que se reubique el lugar. “No negamos el derecho al trabajo a nadie, solo que lo hagan lejos de nuestras familias”, dicen.

Para Reina, la solución va más allá de lo administrativo. “Creo que hay que castigar a los usuarios, antes que a las mujeres que prestan este servicio”, concluyó Reina.