“Estamos desprotegidos”, dice Rocío Hurtado, presidenta de la urbanización Santa Anita, en la parroquia San Bartolo, sur de Quito. Su barrio tiene tres alarmas comunitarias, pero no funcionan. Las cámaras del ECU-911 no operan desde la pandemia. La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) fue inaugurada, pero nunca ha funcionado.

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“El Municipio y el Ministerio de Gobierno se pasan la responsabilidad. Mientras tanto, quedamos abandonados”, afirma. Hurtado relata que incluso han tenido que invertir dinero propio: instalaron alarmas comunitarias con un costo de $5.000, que luego el Municipio desestimó. “Nos dicen que eso no sirve. ¿Y dónde está la tasa de seguridad? No se cumple”, reclama.

Ante la inacción institucional, Hurtado decidió sumarse al proyecto de ley que busca reformar el sistema de seguridad desde los gobiernos locales.

Una propuesta ciudadana desde los barrios

La iniciativa plantea crear un Cuerpo de Protección Ciudadana que unifique y capacite al personal municipal en funciones preventivas y de convivencia pacífica. “Queremos dejar de escuchar ‘no es mi competencia’ cuando un agente no puede intervenir en un conflicto”, explica el concejal Wilson Merino.

Actualmente, Quito tiene Secretaría de Seguridad, empresa de seguridad, agentes de control, tránsito y bomberos, todos dispersos. “Con esta ley, buscamos integrarlos, capacitarlos en derechos humanos, mediación y uso progresivo de la fuerza, y dotarlos de equipamiento adecuado”, señala el edil.

La propuesta se ha trabajado durante un año con 16 municipios, 30 mesas técnicas y organizaciones ciudadanas. Fue presentada como iniciativa ciudadana ante el CNE. Se espera recolectar unas 40.000 firmas para que la Asamblea Nacional tramite la reforma.

Existen riesgos en la propuesta

Sin embargo, la propuesta genera dudas entre especialistas. El analista de seguridad Marcel Merizalde cuestiona la viabilidad técnica, legal y social del proyecto. “La seguridad está constitucionalmente asignada a la Policía Nacional. Solo por reformas legales o decretos ejecutivos se permite que Fuerzas Armadas intervengan", explica.

Para Merizalde, si bien el proyecto sigue el camino legal correcto al proponerse como iniciativa ciudadana, podría derivar en una demanda constitucional. “Hemos visto la ferocidad de los grupos criminales. Si hoy enfrentan y matan a policías y militares entrenados, ¿Qué podría hacer un ciudadano con un chaleco y un arma no letal?”, plantea.

También advierte sobre el riesgo de paramilitarización: “Si se autoriza el uso de fuerza a estos cuerpos, podríamos estar promoviendo grupos paramilitares desde el Estado, lo cual sería gravísimo”.

La seguridad como derecho y responsabilidad compartida

Wilson Merino insiste en que el proyecto no busca militarizar a la ciudadanía, sino fortalecer la institucionalidad y la respuesta barrial desde una estrategia preventiva y de convivencia. “Se trata de recuperar el espacio público, mejorar la planificación, integrar tecnología y articular esfuerzos entre Gobierno Nacional y municipios”, recalca.

En ese sentido, propone también depurar los cuerpos mediante pruebas de confianza, reactivar los consejos locales de seguridad y fortalecer la tasa de seguridad para todos los cantones del país.

Merizalde, sin embargo, se mantiene escéptico: “Aunque parezca bien intencionada, esta propuesta no va a prosperar. Puede abrir debates, pero no se va a ejecutar sin que se ponga en riesgo a los ciudadanos”.

Mientras tanto, barrios como Santa Anita viven una inseguridad creciente, sin respuestas. “Nos organizamos porque no tenemos otra opción. Pero no podemos seguir solos”, dice Rocío Hurtado.

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