El Gobierno nacional impulsó la Ley de Integridad Pública con el objetivo de combatir la corrupción y, al mismo tiempo, enfrentar el reclutamiento de adolescentes por redes delictivas.

El martes 24 de junio, la Asamblea Nacional aprobó el texto íntegro de esta ley, con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, en una sesión marcada por el debate en torno a la administración de justicia, el rol de los adolescentes en actos delictivos y la gestión del sector público. 

Rechazo de UNICEF

Uno de los aspectos que provocó mayor controversia fue la modificación al tratamiento penal de adolescentes involucrados en delitos graves. Entre las reformas se contempla la posibilidad de que jóvenes sentenciados hasta por 15 años puedan acceder a una reducción de pena si colaboran con la justicia, identificando a quienes los reclutaron.

Además, se prevé que, en ciertos casos, estos adolescentes puedan ser juzgados como adultos. Estas disposiciones forman parte de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia y han motivado un pronunciamiento oficial de UNICEF Ecuador, organismo que advirtió que estas medidas podrían contradecir compromisos internacionales asumidos por el país.

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Según la agencia de la ONU, este tipo de enfoques no ha demostrado ser eficaz frente a la inseguridad y podría, en cambio, agravar la crisis penitenciaria y limitar las posibilidades de reinserción para los adolescentes.

Objetivos centrales de la Ley

Durante el debate legislativo, participaron diez asambleístas con posiciones divididas. Se abordaron temas como sanciones más severas por prevaricato judicial, reformas al sistema de contrataciones públicas, extensión de la declaratoria de emergencia en el ámbito judicial, y medidas económicas como el respaldo a la economía popular mediante reservas de mercado. 

También se discutieron disposiciones para depurar el Registro Único de Proveedores y realizar un balance sobre el rol del Banco Central. La ponente del proyecto, la legisladora Valentina Centeno, defendió la integralidad de la propuesta, argumentando que se trata de una ley necesaria y enfocada en proteger la vida y la dignidad humana.

Destacó que el texto aprobado modifica alrededor de 20 normativas vigentes, lo que a su criterio representa un paso importante hacia un Estado más eficiente y transparente. No obstante, las reformas introducidas al sistema penal juvenil han sido las más controversiales sobre otros aspectos del debate, generando críticas por parte de esta organización.

Aunque el proyecto busca combatir el uso de menores por parte de bandas criminales, UNICEF recordó que cualquier medida que involucre a niños y adolescentes debe regirse por los principios del interés superior del menor y la garantía plena de sus derechos, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador.

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