El asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Fernando Gabela Bueno, tendría semejanzas con el crimen del fiscal argentino Alberto Nisman, desde el punto de vista político, no solo porque ambos ocurrieron en gobiernos del Socialismo del Siglo XXI, sino porque en los dos se hicieron denuncias que podían afectar a quienes tenían el poder.

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A Gabela, un reconocido héroe de Paquisha, lo atacaron afuera de su casa, en Samborondón (Guayas), el 19 de diciembre de 2010, y falleció diez días después en un hospital de Guayaquil, luego de tres intervenciones quirúrgicas.

Su caso se trató inicialmente como delincuencia común, pero la lucha de su esposa, Patricia Ochoa, llevó a que se investigara la posible relación de su muerte con las denuncias que había hecho por la presunta corrupción en la adquisición de helicópteros Dhruv.

Ya en la época, la cónyuge hablaba de la participación de “militares, gente del Estado con mucho poder y nexos con mafias de vendedores de armas”, de acuerdo a archivos de sus declaraciones.

En el caso del fiscal argentino, suscitado en Buenos Aires el 18 de enero de 2015, también se trató de desvirtuar la verdadera causa de muerte. Él fue hallado en su baño, con un disparo en la cabeza, una noche antes de oficializar su denuncia en contra de la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández.

El funcionario habría tenido pruebas de que ella actuó en el encubrimiento de los autores del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en 1994, la mayor desgracia en América del Sur, con 85 muertos y 300 heridos.

La muerte de Nisman fue, en principio, calificada como un suicidio, pero en 2018 se determinó que se trató de un homicidio. Hoy, el caso sigue estancado.

Contra el poder

César Luis Barthelotti, máster en Análisis Político, sostiene que en lo político sí hay puntos en común en estos casos, “porque finalmente es una investigación en contra del poder (...), en contra de las figuras más importantes del régimen gubernamental que estaba en la época”.

Pero aclara que desde lo jurídico, en cambio, hay ciertas distancias, porque a diferencia del fiscal, quien impulsaba una causa, una investigación, Gabela hizo el papel de “denunciante de los presuntos actos de corrupción”.

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¿Crimen de Estado?

El caso Gabela cobró nuevamente relevancia con la presentación de un tercer informe, que revelaría la supuesta mano del Estado detrás de su asesinato. Esto porque dos generales fueron nombrados como posibles autores intelectuales del hecho.

Además, Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, declaró que se trataría ante un crimen de Estado. Sus palabras retumbaron en ciudadanos como la quiteña Isabel Catota, quien opina que a Gabela “lo mataron para callarlo y que no denuncie lo que pasaba”. Clara Córdova, una vendedora, comenta que le “da pena que el Estado esté involucrado en este tipo de casos (...). Ahora todo está en manos de Dios”.

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Julio César Cueva, abogado en Derecho Penal y Constitucional, sostiene que el informe presentado por el perito argentino Roberto Meza es únicamente un indicio, pero la Fiscalía podría abrir una nueva investigación por autoría mediata y solicitar la documentación que llevó al experto a sus conclusiones.

El jurista halla complicado que el caso encuentre solución con los elementos aportados hasta el momento.

Temor

Para el capitalino Ricardo Salazar, el hecho de que se haya nombrado al Estado en un crimen de estas características le eriza la piel. “Si hacen eso (matar ) con alguien de un rango alto, ¿qué podemos esperar nosotros, el pueblo llano?”. Barthelotti coincide y agrega que “puede generarse una situación de mayor percepción de inseguridad de parte de la ciudadanía”.

El analista señala también que, por la época electoral en la que nos encontramos, podría haber repercusiones respecto al voto. Él estima que la clase media y media alta, que está pendiente de este tipo de detalles, podría cambiar de opinión si había “considerado en algún momento votar nuevamente por el correísmo”. (SCM-MAG)

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