La fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, ocurrida el 20 de junio en la Penitenciaría del Litoral, destapó lo que muchos temían pero pocos se atrevían a decir en voz alta: la presencia militar no garantiza el control de las cárceles ni evita que los reos escapen. Y más grave aún, los señalamientos de corrupción ya no recaen únicamente sobre los guías penitenciarios, sino que alcanzan ahora a las Fuerzas Armadas, llamadas a resguardar los centros.

(Te invitamos a salir: ¿Quiénes estaban con hija de exalcalde de Arenillas, Eber Ponce, la noche que murió?)

El escape, sucedido bajo custodia militar, volvió a encender las alarmas sobre la crisis penitenciaria en Ecuador y reavivó la pregunta más incómoda: ¿quién controla realmente las prisiones del país?

La evasión profundizó las tensiones entre guías penitenciarios, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En diálogo reservado con EXTRA, agentes del sistema describen una situación crítica: pérdida de funciones, abandono institucional y constante presión por parte de las mafias.

“Nos quitaron las llaves, pero nos dejan la culpa. Desde que entraron los militares, por decreto presidencial, los agentes fuimos relegados: ya no controlamos puertas, registros ni traslados. Ahora solo observamos e interactuamos con los internos, lo que llaman seguridad dinámica”, explica un guía penitenciario.

Según los guías, la fuga de Fede, disfrazado presuntamente de militar y saliendo por un filtro controlado por soldados, refleja las fallas del modelo. “La responsabilidad fue militar, pero la culpa nos la echan a nosotros”, cuestiona un funcionario.

A esto se suma el desalojo físico. Las ‘cuadras’ donde dormían los guías fueron ocupadas por militares, obligándolos a pernoctar en el piso, sin baños y con turnos agotadores. Mientras tanto, los soldados cuentan con zonas de descanso, alimentación externa y televisores. Esta diferencia de trato, denuncian, erosiona la moral del personal. “Si un militar se queja, lo atienden. Si nosotros lo hacemos, nos sancionan”.

Presión y tentación

La presión de las mafias es otra amenaza. Reconocen que existe corrupción, pero advierten que muchos agentes caen víctimas de amenazas o sobornos. “Algunos aceptan dinero, a otros les dicen que matarán a sus hijos. Sin respaldo, es difícil resistirse. Estamos presos del miedo y la corrupción”, confiesa uno de ellos.

También hablan de irregularidades en el manejo militar: traslados de internos sin autorización, relaciones indebidas con reclusos y privilegios para soldados detenidos, como celdas diferenciadas y trato preferencial.

Privilegios internos y fallas en el control

Una de las fallas más graves, según los guías, es la verificación de identidad. Denuncian que los militares no revisan fotos ni fichas de los internos al autorizar salidas. “Nosotros chequeábamos todo: foto, datos, prontuario. Ellos no. Actúan como si esto fuera un cuartel”.

Tras la fuga, se implementó un control fotográfico obligatorio, pero fue demasiado tarde, lamentan las fuentes reservadas.

Según denuncian, la militarización fue improvisada. Los soldados asumieron el control sin conocer protocolos penitenciarios y realizaron cambios arbitrarios. Citan como ejemplo La Roca, donde mezclaron poblaciones que antes estaban separadas, rompiendo el orden del centro. “Cuando todo falla, igual nos culpan a nosotros”.

“Un sistema deshumanizado”

Luis Vera, catedrático y experto en temas carcelarios, advierte que el control militar no soluciona el problema de fondo. “No se trata solo de poner uniformes. Se ha descuidado la salud mental, la educación, la rehabilitación espiritual y el bienestar del personal penitenciario”.

Para Vera, uno de los grandes errores es tratar igual a reclusos comunes y a personas con trastornos mentales. “Las cárceles están hechas para personas sanas. Hoy conviven con pacientes psiquiátricos”, afirma. Propone tamizajes médicos para identificar enfermedades mentales y consumo problemático de drogas. “Sin clasificar, no hay rehabilitación posible”.

También propone una reeducación integral. “Muchos reclusos son analfabetos o no terminaron la escuela. Hay que aplicar una política de cero ocio: que estudien, trabajen y progresen”.

A esto suma el aspecto espiritual: “La reinserción también pasa por el alma. Deben ingresar todas las religiones que quieran ayudar. Las cárceles deben ser espacios de transformación, no bodegas humanas”.

Vera señala que el sistema está corroído por la corrupción y abandono. Propone crear una Escuela Penitenciaria para formar a directores, guías, psicólogos, criminólogos y educadores. “Si no cuidamos a quienes cuidan, no hay sistema que aguante”.

Los guías, dice, tienen sueldos bajos, sin insumos ni jerarquía. “No tienen chalecos ni esposas. A veces usan amarras plásticas para contener a reclusos peligrosos. ¿Cómo no van a tener miedo?”. Y ese miedo, advierte, es la puerta a la corrupción. “Sin respaldo, temen por sus vidas y las de sus familias. Así el sistema colapsa”.

Sus propuestas incluyen instalar videovigilancia con audio, crear ‘cuadras ciudadanas’ para los guías y sus familias, formación continua y una carrera penitenciaria con jerarquización. “Hoy el guía es la última rueda del coche. Eso tiene que cambiar”.

“Solo nos diferencia el uniforme"

Un exfuncionario del sistema penitenciario y psicólogo, también bajo reserva, fue contundente: “La única diferencia entre un guía y un preso es el uniforme”. Afirma que los agentes están totalmente expuestos. “No tienen garantías. Solo quieren trabajar y ganarse el pan. Pero están a merced de las mafias”.

Según su testimonio, muchos funcionarios intentan cumplir las normas, pero enfrentan amenazas o represalias. “Todo es un equilibrio frágil. Si alguien es muy estricto, corre el riesgo de ser asesinado”.

Denuncia además la falta de rotación del personal, lo que los vuelve más vulnerables, y frecuentes choques con policías y abogados que intentan imponer sus propias reglas. “El sistema está tan corrompido que ya no hay garantías. Ni siquiera tienen seguro de vida”.

Lamenta que en las noticias ya sea común leer sobre guías asesinados. “Algunos quisieron marcar diferencia y fueron ejecutados. Lo mínimo que el Estado debería garantizarles es seguridad, respaldo psicológico y condiciones dignas”.

Este Diario buscó conocer cuál es la función de las Fuerzas Armadas en los centros carcelarios. Ante la consulta, una fuente militar respondió: “Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad física, seguridad intramuros y extramuros, así como la seguridad procedimental en el CPL Guayas N.° 1, CRS Guayas N.° 3 y CRS Guayas N.° 4. El objetivo es mantener el control del complejo penitenciario y evitar la influencia de Grupos Armados Organizados tanto en el interior como en los alrededores de estos centros”.

En cuanto a los traslados de personas privadas de libertad, la fuente aclaró que no todos están bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Para ejecutarlos, se requiere una autorización judicial o una disposición emitida por el SNAI. Una vez emitida la orden correspondiente, las Fuerzas Armadas brindan el apoyo necesario en materia de seguridad, en el marco de sus competencias legales y operativas”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!