La renuncia de Diana Salazar a la Fiscalía General del Estado, presentada el martes 20 de mayo de 2025, reactivó la tensión política con la Revolución Ciudadana. Tras más de seis años al frente del Ministerio Público, la exfiscal dejó el cargo en medio de elogios y críticas, pero fue la reacción de la bancada correísta la que marcó el tono del debate público.

La bancada de la Revolución Ciudadana publicó una carta abierta la noche del 20 de mayo, en la que expresó un duro pronunciamiento contra Salazar. En el texto, los legisladores acusan a la exfiscal de haber liderado una institución que, según ellos, sirvió como "maquinaria mediático-judicial al servicio de la venganza política".

Críticas por su prórroga y cierre de casos

En su carta, la Revolución Ciudadana cuestiona el hecho de que Salazar se mantuviera en funciones más allá del 8 de abril, cuando culminó su periodo legal, debido a la falta de un sucesor designado por el Consejo de Participación Ciudadana. 

Según el pronunciamiento, la exfiscal permaneció en el cargo "justo el tiempo necesario para firmar los autos de archivo de varios casos clave", insinuando que benefició a determinados actores políticos.

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El movimiento político citó como ejemplo los casos Sobornos, Reconstrucción de Manabí, Diezmos y el proceso contra Freddy Carrión, los cuales, a su juicio, fueron manejados bajo la manipulación. La bancada sostiene que estos procesos estuvieron alejados de la justicia y fueron usados con fines de persecución.

La relación entre Salazar y el correísmo

Desde el inicio de su gestión en 2019, Salazar mantuvo una relación tensa con la Revolución Ciudadana. Durante su administración se impulsaron investigaciones que terminaron en sentencias contra altos dirigentes del correísmo, como Rafael Correa y Jorge Glas. La fiscalía acusó a los exfuncionarios de haber recibido aportes irregulares a través de contratistas del Estado.

El movimiento también hizo referencia en su carta a los presuntos chats entre Salazar y figuras como Fernando Villavicencio y Ronny Aleaga. Aseguran que estas conversaciones demuestran manipulación de información reservada y uso indebido de medios de comunicación.

Otro punto mencionado por la Revolución Ciudadana fue el caso Ligados, que involucra a exconsejeros cercanos al movimiento. Según audios encontrados, se investiga una supuesta estrategia para influir en instituciones estatales, lo que ha sido usado por sectores críticos como evidencia de una supuesta estructura de corrupción.

Los legisladores aseguraron que la exfiscal "fue parte activa del desmantelamiento de un país" y que su salida del cargo no representa el cierre de un ciclo, sino la confirmación de que "fue puesta para encubrir, perseguir y manipular".

Reacciones y proceso de sucesión

Salazar dejó la Fiscalía tras seis años y 43 días en funciones. En su carta de renuncia, aseguró haber trabajado por la justicia y contra la impunidad, afirmando que "jamás fue su intención perpetuarse en el poder". En las redes sociales de la institución, también compartió un mensaje institucional de despedida.

La Asamblea Nacional pondrá en conocimiento de los legisladores su renuncia durante la sesión del 21 de mayo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) será el encargado de iniciar el proceso para elegir a la nueva autoridad. Mientras tanto, Wilson Toainga continuará como fiscal subrogante.

La salida de Diana Salazar de la Fiscalía se produce en un momento de alta polarización política, a que mientras algunos sectores destacan su lucha contra la corrupción, otros, como la Revolución Ciudadana, la señalan como responsable de una estrategia de persecución judicial.

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El debate en torno a su legado y las críticas por su permanencia prorrogada evidencian un conflicto no resuelto en el sistema judicial ecuatoriano, que ahora enfrenta el desafío de nombrar a una nueva autoridad con legitimidad suficiente para superar la polarización.

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