El movimiento Revolución Ciudadana (RC) expresó su respaldo total al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras la polémica por la suspensión de la obra del paso elevado en Los Ceibos. En un comunicado difundido este 1 de agosto, la RC calificó la medida como una persecución política disfrazada de procedimiento ambiental.

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Según el documento, el informe del Ministerio del Ambiente —que dio paso a la paralización del proyecto— carece de base técnica y jurídica. “No se trata de cuidar el medio ambiente. Se trata de atacar a un gestor que no acepta presiones”, dice el texto, que acusa un trasfondo político y revanchista en la decisión.

La disputa con la Prefectura

La suspensión de la obra también reavivó las tensiones entre Álvarez y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien respaldó la acción técnica y rechazó que se trate de una maniobra política.

Aguiñaga advirtió que, si se confirma que el Municipio presentó información adulterada sobre el proyecto, se podría presentar una denuncia penal. “No me voy a prestar a chantajes emocionales”, respondió, en alusión a las declaraciones del alcalde, quien asegura ser blanco de una campaña en su contra.

Un conflicto que crece dentro del correísmo

El caso Los Ceibos no solo generó polémica en lo técnico y ambiental, sino también al interior del correísmo. La Asamblea Nacional convocó a Álvarez para explicar lo ocurrido, pero el alcalde anticipó que solo acudirá si se trata de una sesión del Pleno.

Desde la Revolución Ciudadana la línea es clara: respaldo absoluto al alcalde. En su comunicado, el movimiento afirma que Álvarez representa una gestión “diferente, transparente y humana”, y que no lo dejarán solo frente a lo que consideran una acción persecutoria.

“Cuenta con el apoyo de esta Revolución que no se rinde ni se vende”, señala el documento, firmado con el lema: ¡Estamos contigo!

Lo que viene

El caso Los Ceibos sigue abierto y, por ahora, la obra continúa detenida. El Ministerio del Ambiente mantiene sus observaciones, y la Prefectura no ha dado señales de ceder. En paralelo, Álvarez insiste en que no hay ilegalidad en el proyecto y asegura que su gestión seguirá adelante.

Este conflicto marca un nuevo episodio en la disputa entre dos figuras del correísmo que hoy mantienen posturas enfrentadas sobre la gestión de la Perla del Pacífico.

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