El hecho se registró la tarde del sábado 5 de julio en el sector de Lomas de Urdesa, en el norte de Guayaquil. Varios sujetos armados intentaron secuestrar a un ciudadano de origen asiático, propietario de una conocida cadena de restaurantes. Sin embargo, el intento fue frustrado y los delincuentes no lograron su cometido.

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Minutos después del ataque fallido, patrullas de la Policía Nacional llegaron al sitio para tomar procedimiento, resguardar la seguridad del afectado y recoger testimonios de testigos. Parte del incidente fue captado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana.

En las imágenes, que luego circularon en redes sociales, se observa cómo un vehículo se estaciona y varios sujetos descienden presuntamente con la intención de raptar al comerciante. Pero justo en ese momento, un conductor que se encontraba en el lugar da marcha atrás y arrolla a uno de los presuntos delincuentes, quien cae herido de gravedad.

En la misma grabación también se ve cómo otros sujetos se bajan del carro, recogen al herido y lo suben apresuradamente para huir del lugar.

Intento de secuestro de dueño de Rukito: El velorio del fallecido

Horas más tarde, otro video comenzó a viralizarse. En él se observa el traslado de un féretro hasta una vivienda ubicada en el suroeste de Guayaquil. Varias personas con teléfonos celulares graban el momento en que el ataúd es ingresado al inmueble, donde posteriormente se veló el cuerpo. Se presume que se trataba del mismo sujeto que fue atropellado durante el fallido intento de secuestro.

Lo que genera mayor inquietud es que, pese a tratarse de una muerte violenta en un contexto criminal, los restos del fallecido fueron sepultados sin que mediara intervención alguna de las autoridades competentes. Una fuente reveló a este Diario que el entierro se realizó sin cumplir con los trámites legales correspondientes.

“Ni la Comisión de Tránsito del Ecuador, ni la Policía Nacional, ni ninguna otra entidad estatal participó en el levantamiento del cadáver”, aseguró el informante.

Según esta versión, los familiares del fallecido habrían contactado a un médico particular de confianza, quien firmó el certificado de defunción atribuyendo la muerte a una causa médica, lo que evitó que se practicara una autopsia. El cuerpo tampoco fue ingresado al Laboratorio de Criminalística, lo que impidió que se abriera una investigación formal.

Los restos fueron finalmente sepultados en un cementerio del sur de la ciudad, sin que se cumplieran los protocolos legales ni forenses que corresponden en estos casos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se está investigando esta irregularidad en el proceso funerario. (AEB)

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