Samara Solanda Rivera Saltos, conocida por ser la viuda de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña —quien fuera líder de la banda Los Choneros y asesinado el 28 de diciembre de 2020—, ha presentado una solicitud formal para que se declare la prescripción de la acción penal en su contra. Rivera ha sido investigada por el delito de Asociación ilícita, una acusación que, según los informes, se vincula a una trama de presuntas irregularidades que habrían facilitado la prelibertad de su esposo en junio de 2020.

De acuerdo con la documentación presentada en este junio de 2025, el proceso legal de Rivera Saltos se inició el 24 de abril de 2020, cuando se formularon cargos en su contra. La causa, que inicialmente llevaba otro número, fue reformulada y su número cambió en septiembre de 2020, un ajuste que habría sido necesario debido a que otro juez involucrado en el caso contaba con fuero de corte.

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A pesar de haber sido condenada el 23 de octubre de 2024 a cinco años de prisión por asociación ilícita, Samara Rivera argumenta que han transcurrido más de cinco años desde el inicio del proceso penal sin que su situación jurídica se haya resuelto de manera definitiva y sin que existan actos procesales que legalmente interrumpan el plazo de prescripción. De hecho, un documento de la Corte Nacional de Justicia con fecha del 29 de abril de 2025 certificaría que, para ese momento, ya habían pasado 5 años y 5 días desde la formulación de cargos.

El argumento de la defensa de Samara Rivera

En el escrito presentado el día 13 de junio de 2025, se detalla que solicitud de prescripción se apoyaría firmemente en la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el derecho a la seguridad jurídica y establece la responsabilidad del Estado por retrasos injustificados en la administración de justicia. 

Asimismo, se añade que se basa en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla la prescripción como una forma de extinción de la acción penal. 

Además, la petición de Rivera se ve influenciada por una reciente investigación iniciada por José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esta investigación busca esclarecer posibles irregularidades administrativas en el manejo de la documentación del caso de Rivera. Suing ha manifestado preocupación por el retraso en la recepción de un documento clave en su despacho, lo que podría haber afectado la agilidad del proceso judicial y generado las demoras que ahora fundamentan la solicitud de prescripción.

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Samara Rivera, dentro del expediente, había mencionado que se encontraba fuera del país por supuestos motivos de salud (lo dijo antes de una audiencia mediante un escrito) y ha expresado temor por su seguridad (también en un escrito), por lo que había solicitado, en su momento, comparecer a las audiencias de forma telemática. 

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