La disputa entre el Municipio de Guayaquil y el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) ha escalado tras los cuestionamientos a los contratos destinados a fortalecer la seguridad en la ciudad. Segura EP, la empresa municipal encargada de estos procesos, defendió su gestión y rechazó las observaciones realizadas por el organismo nacional.

(Te puede interesar: Doble crimen en cementerio de Guayaquil: víctimas ya fueron identificadas)

El conflicto gira en torno a cuatro contratos relacionados con servicios de seguridad móvil y fija para las zonas 1, 2, 3 y 4 de Guayaquil, que fueron cuestionados por SERCOP debido a supuestas "inobservancias" a la normativa vigente. Estos procesos, valorados en 55 millones de dólares, fueron recomendados para ser declarados desiertos por presuntas irregularidades, según un comunicado emitido por SERCOP el 10 de junio.

SERCOP cuestiona los procesos y advierte sobre vulneraciones

En su pronunciamiento, SERCOP informó que, tras monitorear los procedimientos de subasta inversa implementados por Segura EP, se detectaron al menos doce hallazgos que vulnerarían principios del Sistema Nacional de Contratación Pública. El organismo destacó que estas fallas podrían limitar la participación de oferentes y afectar la transparencia del uso de recursos públicos.

La entidad afirmó que su responsabilidad es garantizar procesos "transparentes y eficientes", y en esa línea, recomendó declarar desiertos los contratos. Además, el director general de SERCOP, José Julio Neira, cuestionó la existencia de mafias disfrazadas de proveedores y advirtió sobre la gravedad de maquillar irregularidades apelando a la necesidad ciudadana de seguridad.

Segura EP defiende la legalidad y pertinencia de los contratos

Ante estas afirmaciones, el presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, emitió una respuesta vía redes sociales en la que defendió la legalidad de los contratos y aseguró que los procesos contaban con informes favorables de la Contraloría General del Estado. Cornejo explicó que el modelo propuesto responde a la actual crisis de violencia en Guayaquil y busca complementar la labor del bloque de seguridad.

Cornejo indicó que los procesos, que incluyen patrullas motorizadas, agentes armados, cámaras y drones, son parte de un modelo de contratación más eficiente, desarrollado tras abandonar el catálogo electrónico para implementar una subasta inversa. Afirmó que dicha transición fue aceptada por el propio SERCOP y que tomó siete meses consolidarse.

"Si hay mafias, que se investigue desde el Gobierno"

En una declaración realizada el 11 de junio, Cornejo señaló que las empresas participantes en los procesos están registradas y habilitadas por el propio Gobierno Nacional. "Si hay mafias, ¿quién les dio los permisos?", cuestionó. También informó que de los doce hallazgos mencionados por SERCOP, nueve ya han sido solventados y el resto se encuentra en proceso de cumplimiento.

Cornejo criticó la falta de articulación entre autoridades nacionales y locales para enfrentar la inseguridad. Afirmó que decisiones como las del SERCOP solo agravan la vulnerabilidad de la ciudad y reiteró que no se trata de un momento para confrontaciones sino para soluciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!