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Johanna Verdezoto causa revuelo por el arrendamiento un departamento y concusión del mismoMontaje EXTRA

¿Qué sigue en el caso de Johanna Verdezoto y la denuncia de peculado en el CPCCS?

El caso se relaciona con el uso de un vehículo institucional y el reembolso de arriendos cuestionados.

La Fiscalía General del Estado de Ecuador abrió una investigación por un posible delito de peculado contra Johanna Verdezoto, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Todo gracias a una denuncia 

La indagación se basa en una denuncia por presunta concusión, ingresada el 28 de marzo de 2024, y que hasta la fecha no la han esclarecido. 

Según publicó EXPRESO, el pasado 10 de junio de 2025 el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, requirió al CPCCS detalles sobre el uso de vehículos institucionales asignados a Verdezoto. Sin embargo, al tratarse de una investigación en etapa reservada, los datos están protegidos legalmente.

Arriendo sospechoso

La denuncia señala que el CPCCS habría cubierto pagos por concepto de arriendo, respaldados con facturas emitidas por Verdezoto. Aunque la consejera declaró vivir en Los Ríos.

La denunciante asegura que, en realidad residía en Quito, en el departamento de su pareja, el fiscal Javier Bosquez. Él es hermano del exasambleísta Henry Bosquez, quien dejó la bancada de la Revolución Ciudadana para sumarse al movimiento oficialista ADN.

Versión de la denunciante 

Según el texto de la denuncia, Verdezoto habría solicitado a una extrabajadora del CPCCS que firmara un contrato de arrendamiento, aparentando ser la propietaria de un inmueble en la calle Bosmediano, en Quito. 

Posteriormente, la consejera le pidió emitir facturas por montos de hasta 4.000 dólares, pese a que la denunciante no era dueña del departamento.

"Yo confié en ella por necesidad de trabajo. No sabía para qué quería esos documentos hasta que me enteré que los usó para solicitar reembolsos al CPCCS", señala el testimonio presentado ante la Fiscalía.

Tipificaciones penales relevantes 

  • Concusión (Art. 281 del COIP): “Quien, abusando de su cargo público, ordene o exija pagos indebidos, será sancionado con prisión de tres a cinco años.”
  • Peculado (Art. 278 del COIP):“El funcionario que sustraiga o use fondos públicos para fines personales podrá recibir una condena de 10 a 13 años de prisión.”
  • Sin respuesta oficialHasta el cierre de esta edición, la consejera Johanna Verdezoto no respondió al requerimiento de EXPRESO, enviado por correo electrónico, para conocer su versión de los hechos.

Hasta el cierre de esta edición, la consejera Johanna Verdezoto no respondió al requerimiento formulado por el diario EXPRESO, enviado por correo electrónico para conocer su versión de los hechos.

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