“Hoy me tocó coger una moto, luego un bus… y después otro más”, relató Henry Macías, de 60 años, guardia de seguridad que reside en el bloque 9 de Flor de Bastión. Para llegar a su trabajo ahora debe hacer varios trasbordos: primero toma una moto hasta el ingreso de Paraíso de la Flor, luego un bus que lo deja en Mapasingue y desde allí accede a su lugar de trabajo a través de la Metrovía.

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Antes su recorrido era más directo: tomaba la línea 114 hasta la Martha de Roldós y desde allí un solo bus lo llevaba a su destino.

Sin embargo, desde que las unidades de las líneas 49 y 114 dejaron de circular, Henry, como muchos usuarios que residen en el noroeste de Guayaquil, ha tenido que buscar alternativas para movilizarse a sus lugares de destino.

Ambas líneas pertenecen a la cooperativa Ciudadela Unidas, cuyos socios vienen siendo víctimas de extorsión desde hace dos años por parte de bandas delictivas que les exigen altas sumas de dinero a cambio de permitirles operar con “tranquilidad”. De lo contrario, amenazan con atentar contra sus vidas y unidades, como ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando una mujer fue asesinada a tiros mientras viajaba en un bus de la línea 49.

La víctima, Plácida Luna, de 54 años, acababa de subir al vehículo cuando fue alcanzada por una bala perdida. Otro ataque contra la misma cooperativa se registró este miércoles 14 de mayo, también en el bloque 4 de Bastión Popular.

Una persona cercana a los transportistas reveló que las amenazas han escalado: “Desde hace dos años nos exigen pagos mensuales. Al inicio nos pidieron 30 mil dólares como ‘cuota de ingreso’ y luego 5.000 mensuales”, denunció.

La fuente agregó que el pasado 30 de abril una segunda banda criminal comenzó también a extorsionar a los socios de la cooperativa, exigiendo la misma cantidad.

“Reuniendo entre todos logramos entregarles 20 mil dólares con la promesa de completar los 10 mil restantes a fin de mes. Pero ahora ha aparecido una tercera banda, que también quiere cobrarnos. Ante tanto acoso, hemos optado por dejar de trabajar”, aseguró.

Actualmente, las unidades de transporte no tienen una fecha prevista para retomar operaciones. El coronel Jhanon Varela, jefe del distrito Nueva Prosperina, al cual pertenece el sector donde se han dado los atentados, señaló que no han recibido denuncias formales y que algunos transportistas han “normalizado” el pago de extorsiones como parte de su rutina laboral. (AEB)