A menos de tres meses de cumplirse dos años del asesinato de Fernando Villavicencio, revelaciones apuntan a una posible convergencia entre actores del crimen organizado y figuras políticas en el Ecuador. Así lo sugiere una versión reservada, filtrada en redes sociales por la abogada del exvicepresidente Jorge Glas, Sonia Vera, y que ha sido duramente cuestionada por la Fiscalía, que advirtió que se trata de información de carácter restringido.

Más allá de las acusaciones directas que señala el documento sobre el supuesto plan para acabar con don Villa (ver infografía), hay elementos que permitirían trazar un esquema de aparente colaboración entre estructuras políticas de la Revolución Ciudadana y criminales. Uno de los hechos que más llaman la atención: criminales que actuarían como escoltas de candidatas políticas. En esa versión, Fabricio Colón Pico (actualmente en prisión) habría ofrecido seguridad privada a una candidata a la Alcaldía del cantón El Carmen, en Manabí, y también a una postulante a la Asamblea Nacional por el movimiento Revolución Ciudadana, en Quevedo, provincia de Los Ríos.

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Estas conexiones no serían aisladas, pues el testimonio también sugiere que Colón Pico supuestamente mantenía vínculos con familiares en la Policía Nacional, algunos de ellos en unidades tácticas especiales. Otro nombre que aparece en esa presunta red es alias Gordo Luis, supuesto narcotraficante que habría actuado como operador financiero y de seguridad de varios políticos. Su presunta cercanía con Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea Nacional, también es señalada en la declaración, en la que se lo menciona como gestor de pagos, negocios y favores que cruzarían la línea entre lo político y lo criminal.

Caso Villavicencio: Experto en Seguridad se refiere a la versión filtrada

El especialista en seguridad Nelson Yépez advierte que de ser cierto todo lo que se revela en la versión filtrada sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, el país enfrentaría un caso con múltiples aristas que deberían sacudir los cimientos de la seguridad nacional. El experto plantea tres aspectos claves que, según él, no se han abordado con el rigor necesario. El primero tiene que ver con la falta de una alerta oportuna por parte de las unidades de inteligencia encargadas de prevenir atentados de esta magnitud. “Debió haber existido un informe de inteligencia, porque hay unidades dedicadas a este tipo de eventos”, señaló, recordando que incluso se conocía de quejas del jefe de seguridad de Villavicencio por la falta de personal y equipamiento.

La segunda arista, según Yépez, es que tras el crimen no se conformó ninguna comisión especializada de inteligencia e investigación que permitiera cotejar lo que ya empezaba a circular en las versiones filtradas. “Se debía crear una comisión que emita un informe que sustente lo que decía el capitán (encargado de seguridad) y cruzarlo con lo que ahora la Fiscalía conoce”, opinó.

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En su tercer punto sostiene que “de ser cierto todo lo que se dice, es momento de darnos un baño de verdad, de crear políticas de Estado y una cultura de seguridad, para que estos temas no se dejen al azar, y todo quede aclarado, investigado y sancionado”. Finalmente, enfatizó que el caso Villavicencio debe sentar un precedente. “Una investigación seria, que corrobore todo lo que se está diciendo, que sirva de ayuda a la Fiscalía y los jueces, y que derive en las sanciones más fuertes posibles, de comprobarse que lo dicho en la versión es real”.

La abogada de Glas y el ‘pito’ con la Fiscalía

La abogada Sonia Vera cuestionó que la Fiscalía base su línea de investigación en el testimonio del abogado de un líder de Los Lobos, quien dijo haber escuchado sobre una estructura criminal liderada por Glas, José Serrano y Ronny Aleaga. La jurista calificó el documento como un “panfleto judicial”, sin pruebas materiales ni testigos independientes, y acusó a la fiscal Diana Salazar de usar el caso con fines políticos.

El Ministerio Público respondió con un comunicado en el que advirtió que no tolerará la difusión de información de carácter restringido. La entidad recordó que exponer nombres de testigos en una investigación pone en riesgo sus vidas, como ha ocurrido antes, y anunció que tomará acciones para evitar que estos hechos continúen.

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