“No nos oponemos al intercambiador, nos oponemos a que las cosas se hagan sin claridad ni planificación”, señaló José Luis Molina, asesor de siete barrios de la parroquia Belisario Quevedo. El malestar crece en la zona.

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El 26 de julio, los moradores realizaron una nueva protesta. “Nos prometieron la rampa 9, el puente peatonal, la ampliación de la calle Juan Pablo II”, recordó Molina. Hasta ahora, esos ofrecimientos siguen sin garantía técnica ni jurídica.

Diseño sin conexión

Desde el Concejo Metropolitano también se cuestiona el proyecto. El concejal Andrés Campaña sostiene que el intercambiador no era una obra prioritaria y que su diseño original ignoraba la movilidad de barrios clave. “No contemplaba una salida hacia el norte para sectores como la UTE o El Trigal. Era inadmisible que se aprobara sin prever esa conexión”, indicó.

Presión para cumplir los compromisos

Las mesas de trabajo entre vecinos y Municipio se iniciaron formalmente en marzo de 2024. En ellas se acordó incorporar tres obras paralelas:

• La rampa 9,
• La ampliación de la calle Juan Pablo II,
• Y un puente peatonal sobre la quebrada de la Padre Damián.

Ninguna de estas intervenciones está incluida en el contrato original del intercambiador, por lo que deben tramitarse aparte y requieren presupuesto adicional.

“Primero dijeron que la rampa 9 no era viable, luego que sería temporal, después que sí iba. Tras la marcha empezaron a circular documentos firmados a última hora”, explicó Molina. 

Por eso ahora exigen un documento técnico completo, con planos, cronograma y responsables claros. “No podemos seguir dependiendo de funcionarios de libre remoción”, afirmó.

Lo que dice el Municipio

Según el Municipio de Quito, la obra busca optimizar el tránsito vehicular y mejorar la experiencia peatonal con pasos seguros y señalización. Pabel Muñoz, alcalde de Quito, afirmó que se cumplirán los compromisos. "Estos compromisos que pasan por un proceso, como un trazado vial, por ejemplo, que se tienen que realizar estudios, contrataciones, que implica su trabajo y estamos sobre ello”, indicó.

Pero las otras dos obras —el puente peatonal y la ampliación de la Juan Pablo II— siguen en etapa de prefactibilidad. Ambas requieren estudios ambientales y expropiaciones a la Universidad Tecnológica Equinoccial y a la Empresa Pública Metropolitana de Aseo.

El proceso podría tomar varios años. “Para una estructura de menos de 200 metros, primero deben contratar una consultoría. Solo ese trámite puede tardar hasta 22 meses”, advirtió Campaña.

Vigilancia vecinal continúa

Vecinos y autoridades coinciden: el problema no es la obra en sí, sino su ejecución. “Las soluciones viales deben partir de la planificación, no de los parches”, concluyó el concejal.

Una nueva mesa de trabajo está prevista para agosto. Hasta entonces, los moradores aseguran que seguirán vigilantes para que lo prometido no quede en papeles sin sustento.

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