Una denuncia ingresada a la Dirección Nacional de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre un delito de cohecho en la Policía Nacional dio pie a una investigación dentro de las filas de los gendarmes para desmantelar una presunta red de venta de armas. La FGE la denominó Depuración Azul y se detuvo a 10 personas: policías y civiles durante 14 allanamientos en Pichincha, Guayas, Cotopaxi e Imbabura.

Para ayer estaba prevista una audiencia de formulación de cargos en contra de ocho de los implicados por delincuencia organizada. Entre las pruebas a presentarse estaban transcripciones de conversaciones entre los implicados que podrían revelar cómo operaban.

Según los escritos, los uniformados coordinaban el traslado de armamento, como fusiles, de Quito a Guayaquil. Para llegar a la capital, los gendarmes decían, en sus diálogos, que lo harían en patrulleros de la institución. Incluso esto se hacía en complicidad de altos mandos como un coronel de la Policía, aunque en dichos diálogos no se especificaba de qué dependencia formaba parte.

Según Joffre García, director nacional de Asuntos Internos de la Policía Nacional, la investigación duró cinco meses. En ese lapso se determinaron los roles, financiamiento y funciones de servidores policiales pertenecientes a la Dirección Nacional de Logística (DNL), encargados de los rastrillos, es decir, las bodegas donde se guardan armas.

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Quito sería el bastión de la venta de armas policiales

Si bien, la operación que ejecutaron los policías y Fiscalía se enfocó en cuatro provincias, la mayoría de aprehensiones se hicieron en la Carita de Dios: cuatro de los 10 sospechosos estaban en Quito. Además, de todos los implicados, seis eran policías en servicio activo: tres sargentos y tres cabos.

Para Alexandra Mantilla, analista de seguridad, esto también es sospechoso porque la red no solo debió estar conformada por personal de bajo rango, sino también por oficiales, algo que debería investigarse más a fondo. “Lo realmente preocupante de este caso es que la Policía Nacional está coptada por grupos del crimen organizado”.

Y Mantilla no se equivoca, ya que el armamento y pertrechos de los gendarmes estaba dirigido a agrupaciones que operan, principalmente, en Guayaquil como son las llamadas Freddy Krueger y Mafia 18. Por eso, Mantilla considera que la investigación tiene que expandirse.

“Debe hacerse una limpieza desde adentro de la institución. El llamado urgente es a que se depure a la institución policial”, refiere la especialista. Para ella, es gravísimo que la Policía le provea a los delincuentes con armamento.

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