Wilson Toainga, fiscal general del Estado, se presentó este lunes 23 de junio de 2025 ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades cometidas por operadores judiciales durante el periodo del conflicto armado interno. 

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Su comparecencia formó parte del proceso de control legislativo que realiza la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Durante su intervención, el alto funcionario destacó la colaboración internacional que mantiene la Fiscalía, mencionando especialmente el intercambio de información y la conformación de equipos binacionales de investigación para resolver casos complejos. 

Además, reafirmó el compromiso institucional en la persecución penal de servidores públicos involucrados en hechos delictivos, citando como ejemplos los casos emblemáticos Metástasis, Purga y Plaga, donde ya se han logrado condenas contra los responsables.

El Fiscal General destacó la necesidad de un apoyo institucional sólido y permanente para los operadores de justicia que investigan delincuencia organizada y estructuras criminales complejas. Subrayó que el Estado debe reconocer formalmente el esfuerzo y dedicación de estos servidores públicos, quienes enfrentan desafíos sin precedentes. 

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"No evadimos nuestras responsabilidades, pero requerimos respaldo estatal. Nuestros equipos se enfrentan a auténticas corporaciones del crimen organizado", afirmó durante su intervención. Sobre las medidas cautelares de prisión preventiva, Toainga explicó que su aplicación se rige por protocolos nacionales e internacionales, y que corresponde a cada fiscal sustentar su solicitud con evidencias.

Aclaró que, en muchos casos, la información disponible no cumple con los estándares para justificar esta medida extrema, lo que exige un análisis riguroso antes de proceder. En situaciones de flagrancia delictiva, detalló que la Fiscalía General actúa con base en los reportes iniciales de las fuerzas de orden, pero enfatizó que cada caso requiere evaluación técnica.

Tras analizar los antecedentes, los fiscales determinan los cargos conforme al tipo penal aplicable, garantizando el debido proceso, precisó, recalcando el equilibrio entre celeridad y rigor jurídico en estas intervenciones.

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