Gorka Moreno, Guayaquil
Salió cariacontecido del Complejo Judicial Guayaquil Sur. Pero no ancló sus ojos rabiosos en el piso ni volvió la vista atrás. Alzó la cabeza, miró al frente y caminó erguido hacia el auto de un amigo.

En sus manos no portaba la balanza de la justicia, sino una simple carpeta y una funda con ropa y textos legales. Como si hubiera presagiado que esa mañana descendería a los infiernos, se había vestido de un blanco angelical. Pero Dios no parecía estar de su lado.

Eran las 13:00 del pasado 22 de febrero. Hora y media antes, Juan Carlos Vizuete, magistrado en la Unidad Judicial Penal Sur-Valdivia, había recibido una notificación escrita del Consejo de la Judicatura (CJ), que confirmaba su suspensión provisional durante un máximo de 90 días y sin pérdida de remuneración.

La noticia no le sorprendió. Veía venir la debacle desde que el 10 de diciembre denunciara, en una providencia, presuntas “amenazas, presiones e injerencias” en el caso Termocuna por parte de supuestos funcionarios adscritos al CJ.
En aquel momento, señaló a EXTRA que le habían ordenado “liberar” a los dos médicos cubanos procesados por la muerte de un recién nacido, en abril de 2015, debido a las quemaduras sufridas en una incubadora durante su traslado desde el hospital Federico Bolaños de Milagro a Guayaquil. Ahora está convencido de que la sanción, a la que se suma la recusación para que no siga con la causa, le ha llegado “por no ser obediente”.

El Departamento de Control Disciplinario del CJ pidió la suspensión “urgente” del magistrado como medida cautelar el mismo día en que este presentó la providencia, dos horas y media después del último incidente vivido con un supuesto empleado de la Administración de Justicia.

Pero el sumario administrativo disciplinario no se centraba en el proceso del bebé, sino en otra causa que, según él, le habían asignado meses antes, “a través de un sorteo”, referente a una reparcelación de solares aprobada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Milagro, que preside la alcaldesa Denisse Robles (Alianza PAIS).

El magistrado, tras el recurso de una empresa afectada, dictó varias medidas cautelares, entre las que figuraba un requerimiento al registrador de la propiedad para que se abstuviera de inscribir la resolución municipal y esta quedara en suspenso hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrital 2 de Guayaquil resolviera el entuerto.

Poco después, el 21 de octubre, Robles interpuso una denuncia porque entendía que Vizuete no era competente para tomar esa decisión. Entonces no se admitió a trámite, según reconoció el Departamento de Control Disciplinario en un informe, por “incumplimiento de requisitos”.

Sin embargo, dicho departamento posteriormente abrió “de oficio” el sumario porque, a su juicio, el magistrado había cometido una presunta “negligencia” al declararse competente.

“El domicilio de la empresa donde se produjeron los efectos está en Guayaquil. Consideré que había una vulneración del derecho a la propiedad y dicté unas medidas que no constituían prejuzgamiento alguno. La ley establece que las medidas cautelares se radicarán por sorteo. Y por cumplirla, me dicen que me vaya”, valoró Vizuete.

Su futuro se antoja incierto, sobre todo porque el expediente puede acarrearle la destitución definitiva: “Si no es ahora, será mañana. Cuando se dan estos pasos, ya no regresas”, remató.

“NO HAY PERSECUCIÓN”

“No hay persecución contra ningún funcionario (…). Este caso tiene un antecedente: la queja presentada por la alcaldesa de Milagro (…). No existe una relación entre el caso Termocuna y el sumario abierto por Pablo Martínez (director provincial de Control Disciplinario). Son temas independientes”.

El pasado 15 de marzo, Luis Rada, director provincial del Consejo de la Judicatura (CJ), negó que la solicitud de suspensión provisional contra Juan Carlos Vizuete estuviera motivada por su polémica providencia. Y a pesar de que Vizuete intuye que el CJ desea expulsarlo, Rada recalcó a EXTRA que los procesos administrativos disciplinarios se llevan a cabo “con un legítimo derecho a la defensa de los funcionarios”.

El director provincial del CJ prefirió no pronunciarse acerca de si el magistrado cometió una negligencia hasta que concluya el procedimiento, pero confirmó que el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, aplicado a este supuesto por el Departamento de Control Disciplinario, contempla “la destitución” si se demuestra el error “inexcusable”.

También subrayó que aunque una denuncia no cumpla los requisitos de admisibilidad, como sucedió con la interpuesta por la primera edil milagreña, el CJ tiene la obligación de abrir un sumario “de oficio” si hay indicios de una presunta infracción. Y adelantó que la investigación iniciada para analizar las acusaciones de Vizuete ha dado ya resultados. Según el director provincial del CJ, el juez manifestó que el supuesto funcionario que lo había presionado el 10 de diciembre en su despacho pertenecía al Departamento de Talento Humano.Las pesquisas, por el contrario, concluyen que ningún trabajador de esa área acudió a su oficina. “Todos (los funcionarios) demostraron que se encontraban en su puesto, aquí en la Dirección Provincial (…). Al no existir fundamentos suficientes, Pablo Martínez dispuso el archivo”, agregó.

Aunque Vizuete insistió en que no le proporcionaron el vídeo de ese día para comprobar quiénes ingresaron a sus dependencias, Rada resaltó que el Departamento de Control Disciplinario sí lo revisó. Y tras estudiar las imágenes, dedujo que no aparecían funcionarios de Talento Humano en ellas.