Carpetas gruesas, documentos acumulados y meses de silencio administrativo fueron el denominador común de quienes se conectaron a la primera audiencia virtual por los retrasos en la devolución del IVA. Jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad llegaron desde distintos puntos de Guayaquil con un mismo reclamo: el beneficio que la ley les garantiza no está siendo entregado.

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Entre ellos tomó la palabra Harry Valarezo Gómez, representante de los jubilados del Ministerio de Educación del Guayas. Apenas inició la diligencia, expresó un sentimiento compartido por miles:

“Estamos reclamando un derecho justo”, dijo con firmeza.

Demoras que superan todos los plazos legales

Los testimonios presentados describen un panorama repetitivo: los pagos dejaron de llegar hace meses. Muchos beneficiarios recibieron su última devolución entre abril y septiembre de 2025, y desde entonces no han obtenido un solo depósito, pese a que el trámite —según la ley— no debería exceder 60 días para adultos mayores y 90 días hábiles para personas con discapacidad.

Valarezo detalló la situación: “Solo aparece un mensaje diciendo que la solicitud fue aceptada, pero el dinero nunca llega. No podemos esperar cinco meses por un mes de devolución, y encima no lo pagan acumulado”.

Un proceso desgastante para los beneficiarios

Los afectados explican que el Sistema del SRI no notifica por correo electrónico. Cada solicitante debe ingresar de manera manual, revisar resoluciones y esperar meses sin certezas.

El Ejecutivo ha asegurado que, tras la eliminación del subsidio al diésel, se destinaron cerca de USD 300 millones para cubrir obligaciones. Sin embargo, quienes esperan la devolución del IVA afirman que ese dinero no se refleja en la realidad.

“Si no hubiéramos presentado la acción de protección, todo seguiría igual”, señaló el abogado Jorge Iturburu, quien no solo representa el caso de manera gratuita, sino que también vive el mismo retraso.

SRI advierte sobre posibles intentos de fraude

La entidad tributaria ha mencionado que algunos procesos toman más tiempo por verificaciones destinadas a evitar devoluciones indebidas. Los asistentes a la audiencia rechazan esa posición.

“Si hay irregularidades, que investiguen —respondió Valarezo—. Pero no pueden detener el pago a quienes sí cumplen”.

Las demoras varían:

• Algunos no reciben el IVA desde mayo.

• Otros suman ocho meses sin depósitos.

• Hay casos que superan el año completo sin ver un centavo.

¿Dónde están los fondos? La pregunta clave

Durante la diligencia, el Ministerio de Finanzas confirmó haber entregado más de USD 300 millones al SRI en septiembre. Para la defensa, ese dato abre el principal interrogante del caso.

Según la defensa, los retrasos prolongados afectan:

• el derecho de petición,

• la seguridad jurídica,

• el debido proceso,

• y los principios constitucionales de protección prioritaria a adultos mayores y personas con discapacidad.

La Defensoría del Pueblo interviene

En la audiencia estuvo presente Gonzalo Ortega, defensor del Pueblo del Guayas, en calidad de amicus curiae, figura que permite participar a instituciones con información relevante para orientar la decisión judicial.

La diligencia fue suspendida y reinstalada para el 8 de diciembre de 2025.

A la salida, los asistentes volvieron a contar los meses pendientes. Nada piden fuera de la ley: simplemente que el sistema funcione.

“Iturburu insistió: si la sentencia es favorable, debe aplicarse con efecto erga omnes, para que beneficie a todas las personas afectadas en el país”.

“Esto no es un favor”, concluyó. “Es un derecho. Y se está vulnerando la dignidad de miles de personas que dependen de ese ingreso para vivir”.

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