En Ecuador, el primer caso de COVID-19 se registró el 29 de febrero de 2020. Semanas después, el país entró en confinamiento total. Aunque el Gobierno garantizó servicios básicos, de salud y seguridad, la realidad fue otra: hospitales colapsados, servicios funerarios desbordados y una crisis social sin precedentes.

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Los adultos mayores, en su mayoría jubilados, enfrentaron el confinamiento con ingresos fijos y un costo de vida que no dejaba de aumentar. La Secretaría Técnica Ecuador, a través del plan Toda una Vida, declaró a las personas de la tercera edad como grupo prioritario; sin embargo, las dificultades para acceder a servicios básicos y medicamentos persistieron. 

Mientras el Estado buscaba controlar la emergencia, muchos jubilados se sintieron olvidados, atrapados entre el miedo al contagio y la imposibilidad de cubrir gastos esenciales.

Servicios básicos: un derecho que se volvió un lujo

Durante la pandemia, el acceso a servicios básicos como agua, luz o gas se convirtió en una preocupación constante. Consultados por EXTRA, varios jubilados relataron las dificultades que atravesaron para mantener un mínimo de bienestar.

María Teresa Soriano, pensionista de 72 años, contó que la subida de precios la obligó a cocinar solo una vez al día para ahorrar. “Cuando me llegó una planilla de luz con el doble de lo normal, casi me desmayo. No podía reclamar porque las oficinas estaban cerradas”, dijo con impotencia.

Félix Soriano, de 68 años, explicó que el confinamiento lo enfrentó a la brecha digital. “Todo fue por internet, pero yo no sé usar eso. Mi nieto me ayudaba a pagar el agua y la luz, pero a veces se caía el sistema y me cortaban los servicios”, comentó. “Mi pensión no subió, pero la comida y los servicios sí. Me tocó pedir fiado y hasta dejar de comprar carne por meses”, añadió.

Por su parte, Eufemia Gonzaga, exmaestra de 74 años, señaló que los cortes de agua afectaron la salud de su esposo enfermo. “Los medicamentos, el gas, la luz, todo costaba más. Sentí que el Estado se olvidó de los jubilados”, lamentó. “Yo cuidaba de mi esposo y necesitábamos agua constante para su higiene, pero hubo cortes frecuentes. Eso afectó su salud y mi tranquilidad”.

Carlos Morán, de 70 años, relató que su pensión apenas cubría lo básico. “En pandemia pasábamos días sin aire acondicionado porque la planilla eléctrica era impagable. La empresa no perdonaba atrasos. Pedimos ayuda a nuestros hijos, pero ellos también estaban sin trabajo”, recordó. “Nos tocó priorizar: o pagábamos la luz o comprábamos medicinas”.

Un golpe emocional y económico

La pandemia no solo afectó la salud física de los adultos mayores, sino también su estabilidad emocional y financiera. Muchos dependían únicamente de una pensión que no se ajustó al incremento del costo de vida. La soledad, el miedo al contagio y la falta de atención directa intensificaron la sensación de abandono.

En varias ciudades del Ecuador, donde el impacto del virus fue devastador, los jubilados vivieron meses de angustia. Los retrasos en servicios públicos, los precios elevados y la falta de apoyo estatal evidenciaron las debilidades de un sistema que no logró responder con eficacia a las necesidades de quienes más requerían protección.

Falta de pagos del IESS

Las necesidades desde entonces se incrementaron e, incluso hasta hoy, persisten deudas. Es por esta razón que el miércoles 12 de noviembre de 2025, los jubilados del Ministerio de Educación en la provincia de Guayas realizarán una marcha. 

La cita es a las 09:30, en los bajos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), desde donde se dirigirán a la Gobernación del Guayas para llevar a cabo un plantón, exigiendo respuestas a sus reclamos, los cuales aseguran han permanecido sin solución durante años.

La movilización está organizada por la Asociación de Docentes, Administrativos y de Servicio Jubilados del Mineduc, Núcleo del Guayas, y su director provincial, Harry Valarezo, indica que la protesta se convoca tras “meses de espera, oficios entregados y promesas sin cumplir”.

Entre las demandas de los jubilados se encuentran:

• Pago del incentivo jubilar en efectivo, en lugar de bonos del Estado.
• Aumento del presupuesto 2025 para cubrir el incentivo pendiente para la cohorte de jubilados de 2020.
• Mayor presupuesto para el BIESS, que permita la compra de bonos del Estado en 2026.
• Devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.
• Desbloqueo de la página web del BIESS para acceder a préstamos quirografarios y novaciones.
• Mejora en la cobertura de salud del IESS para jubilados en todo el país.

Valarezo señala que desde 2024 han solicitado audiencias formales con diversos gobernadores y autoridades del actual gobierno, indicando que las reuniones solo se han concretado cuando han realizado plantones, sin obtener resultados efectivos.  

“Tres gobernadores distintos nos han recibido y todos han prometido establecer mesas técnicas para solucionar nuestros problemas, pero nunca se llevan a cabo. Pasan los meses y solo recibimos promesas”, manifiesta.

La situación afecta a adultos mayores, muchos con enfermedades crónicas y movilidad reducida. Valarezo comenta que la participación en las marchas es limitada: “Van los que todavía pueden caminar. Las familias temen por su seguridad. Sin embargo, seguimos asistiendo porque sentimos que no nos escuchan si no estamos en la calle”.

Los jubilados han enviado oficios a asambleístas de la provincia, al presidente de la Asamblea y al presidente de la República, recibiendo algunas respuestas que han sido simplemente derivaciones sin soluciones. 

“Ya cumplimos: trabajamos entre 30 y 40 años formando generaciones. Ahora, en nuestra etapa de retiro, debemos salir a la calle para exigir el respeto de derechos que están consagrados en la ley”, afirma Valarezo. El plantón del miércoles se considera un acto de dignidad y memoria, convocado para exigir lo que los jubilados consideran una deuda del Estado con quienes dedicaron su vida al servicio público.

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