La denuncia del médico José Guevara, presidente del Interhospital, por la falta de pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que según él supera los 30 millones de dólares, ha despertado preocupación entre los afiliados.

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Asociaciones de asegurados piden transparencia sobre el destino de los fondos y el manejo de los contratos con clínicas privadas.

El caso pone sobre la mesa el privilegio de pagar a un prestador frente a otro y su impacto en la atención médica que reciben miles de afiliados del Seguro Social.

EXTRA solicitó una entrevista al IESS para conocer la postura institucional y la versión de la vocal de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, respecto a las denuncias sobre los pagos a prestadores de servicios de salud, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Ramiro Beltrán, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), califica de “grave” el conflicto y advierte que el problema trasciende un simple reclamo económico.

“Las derivaciones masivas a clínicas privadas provocaron el desplome de la calidad de atención en el Instituto. Se debilitó lo público para favorecer un negocio privado”, manifestó en diálogo con EXTRA, medio que también publicó el negocio de las derivaciones del IESS a centros privados y la gran dependencia financiera de ellos en esas derivaciones.

Beltrán sostiene que el 80 % del presupuesto del IESS se destina actualmente al pago de prestadores externos, un modelo que considera insostenible.

Conflicto de intereses en el IESS

El dirigente advierte además que existe un conflicto de intereses en la actual administración del IESS, presidida por Édgar Lama, quien (según denuncias) habría priorizado pagos a empresas de su entorno familiar. “Eso es competencia desleal. No se puede usar un cargo público para quebrar a otros prestadores”, cuestionó Beltrán, quien insiste en crear una contraloría social interna integrada por afiliados y jubilados que fiscalicen los recursos del IESS.

Desde la coordinadora nacional de Maestros Jubilados del Ecuador ‘Alfonso Yánez Montero’, su secretario de prensa y propaganda, Raúl Yánez, también pidió una revisión profunda del manejo financiero y de compras del Instituto.

“El presidente del IESS tiene un conflicto ético evidente por sus vínculos con clínicas privadas. Cuando el río suena, piedras trae”, dijo Yánez, recordando que la Contraloría ya determinó una glosa de $3,7 millones relacionada con la actual administración.

El dirigente lamentó que mientras se denuncian deudas millonarias con hospitales, los jubilados enfrentan demoras en cirugías y escasez de medicinas. “Ayer (viernes) hicimos un plantón en el Hospital Carlos Andrade Marín exigiendo atención y fármacos. Hay compañeros que esperan operaciones desde hace meses”, lamentó.

Yánez sostuvo que la falta de transparencia se repite en las recientes compras centralizadas de medicinas. “Nadie sabe los costos unitarios, las marcas o los proveedores”, reclamó.

Para Henry Izurieta, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, el fondo del problema es estructural. “Cuando empresarios dirigen instituciones públicas, mantienen la lógica del lucro. Y eso ocurre hoy en el IESS”.

Izurieta recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya advirtió en 2019 que el sistema de derivaciones al sector privado era insostenible. “Aun así, se aceleró el proceso. Hoy, entre el 70 y el 80 % del presupuesto de salud se va al sector privado”, señaló.

"Modelo que enriquece a pocos y deja sin atención a los afiliados”

El dirigente sostiene que en el IESS se ha consolidado una “privatización velada”. “Los recursos públicos se canalizan a clínicas particulares, muchas de ellas vinculadas a exfuncionarios o familiares de autoridades. Es un modelo que enriquece a unos pocos y deja sin atención a los afiliados”.

Por ello, las asociaciones de asegurados exigen mecanismos de control más estrictos, veedurías ciudadanas reales y la restitución del vocal que represente a los afiliados en el Consejo Directivo, cargo que todavía sigue vacante.

Tanto Beltrán como Yánez coinciden en que la solución pasa por fortalecer la fiscalización interna, garantizar que los pagos sean transparentes y recuperar la confianza de los asegurados. “El IESS no puede seguir siendo un botín político ni un negocio privado. Es patrimonio de los trabajadores”, concluyó Yánez.

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