Este viernes 21 de noviembre de 2025, a las 10:00, se llevará a cabo una audiencia en la Unidad Judicial de la Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, en Guayaquil, relacionada con la acción de protección presentada por el retraso en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y personas con discapacidad. La audiencia se desarrollará en la Torre 10 del complejo judicial de la Florida.

El abogado Jorge Iturburu, en declaraciones a Diario EXPRESO, indicó que la audiencia es necesaria debido a que el Gobierno no ha cumplido con la devolución del IVA dentro de los plazos establecidos por la ley. 

Aunque en septiembre de 2025 se comunicó que los pagos se habían regularizado, los solicitantes de la acción aseguran que esta información no se refleja en la realidad, ya que varios beneficiarios no han recibido los valores pendientes, algunos desde el año pasado.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) afirmó públicamente que en septiembre devolvió el IVA a más de 500.000 beneficiarios y acreditó 130 millones de dólares para regularizar los pagos. No obstante, los adultos mayores continúan reportando retrasos en la devolución de los fondos, con algunos indicando que no han recibido el recursos desde mayo.

El reclamo de los adultos mayores

La base del reclamo se encuentra en el decreto 374, específicamente en el artículo 181, el cual establece que los adultos mayores tienen derecho a la devolución del IVA en un plazo de 60 días tras la presentación de la solicitud. 

Según el demandante, los retrasos actuales superan este límite. El incumplimiento de esta norma podría constituir una vulneración de derechos constitucionales, pues se requiere la devolución de un monto que ya ha sido pagado por los contribuyentes. Se menciona también que la Ley de Personas Adultas Mayores establece la atención prioritaria, y la devolución del IVA es un mecanismo crucial para su economía.

En caso de que la jueza falle a favor de los demandantes, este fallo obligaría al Estado, a través del Ministerio de Finanzas y del SRI, a realizar el pago en un plazo de 24 horas, acreditando los fondos a las cuentas de los beneficiarios. 

De no cumplirse la sentencia, los afectados podrían presentar una denuncia por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, lo cual está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. 

La Corte Constitucional, la otra salida

Además, se podría recurrir a la Corte Constitucional para solicitar la aplicación de medidas ante el incumplimiento de la sentencia, lo que podría incluir sanciones administrativas y la destitución de los funcionarios responsables, según detalla Iturburu.

Si el fallo es adverso a los demandantes, el siguiente paso sería apelar ante una sala de la Corte Provincial de Justicia. En caso de que persista un fallo desfavorable, los demandantes podrían presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

Mientras avanza el proceso, los demandantes enfatizan que la falta de devolución impacta a un grupo vulnerable de la población: adultos mayores y personas con discapacidad, para quienes estos fondos constituyen un apoyo significativo en su economía. 

Harry Valarezo, uno de los adultos mayores que firman la acción de protección, señala que el dinero que se les retiene debería estar en una cuenta especial y no en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, ya que debe ser restituido de inmediato. Valenzaro resalta que los adultos mayores dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas como medicamentos, alimentación y transporte.

La primera audiencia en este caso fue suspendida en dos ocasiones debido a problemas de salud enfrentados por quienes solicitaron la acción. Sin embargo, aseguraron a Diario EXPRESO que están listos para asistir a la audiencia programada para este viernes 21 de noviembre de 2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!