Ecuador enfrenta denuncia de Colombia ante la CAN: impacto de la tasa de seguridad del 30%

La relación comercial entre Ecuador y Colombia vive uno de sus capítulos más tensionados de los últimos años, luego de que el gobierno de Bogotá denunciara oficialmente a Quito ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por la controversial “tasa de seguridad” del 30 por ciento que empezó a cobrar desde el 1 de febrero de 2026 a productos colombianos.

La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue diseñada con el argumento de reforzar el control fronterizo y compensar lo que Quito considera una falta de cooperación de Colombia en materia de seguridad —especialmente en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales—, según lo publicado por la Cancillería ecuatoriana.

Sin embargo, para el gobierno colombiano esta tasa representa un gravamen ilegal bajo las normas de la CAN, que prohíben imponer cobros que no sean arancelarios en el comercio intrarregional. Esta es la base central de la denuncia presentada por Colombia, que ahora será analizada por los órganos técnicos y jurídicos del organismo andino.

¿Qué sucede en la CAN ahora?

Al iniciar el proceso, la Secretaría General de la CAN ejercerá un análisis exhaustivo, que incluye la solicitud de información a los dos países, informes técnicos y posibles pronunciamientos adicionales. 

Expertos estiman que la decisión podría tomarse entre cuatro y seis meses, aunque ese plazo dependerá de cómo se desarrolle la investigación. Colombia incluso podría solicitar la suspensión temporal de la tasa ecuatoriana durante este proceso, una acción que aunque no es común podría favorecer la desescalada.

Este no es un escenario completamente nuevo: en 2018 Ecuador enfrentó una denuncia similar, tras aplicar un gravamen aduanero que, según el fallo de la CAN de aquel entonces, incumplía las normas del comercio subregional. Quito tuvo que retirar esa tasa y devolver los ingresos generados. Esta historia histórica hoy vuelve a repetirse, con consecuencias al momento todavía desconocidas.

Impacto económico directo para empresas y consumidores

El conflicto comercial tiene repercusiones palpables. Colombia anunció aranceles del 30 por ciento para 73 subpartidas de productos ecuatorianos, que representan cerca de 32 por ciento de las exportaciones de Ecuador hacia Colombia —aproximadamente 300 millones de dólares al año de un comercio bilateral de unos 900 millones.

Entre los productos afectados se encuentran alimentos como arroz y aceite de palma, insumos industriales, neumáticos, calzado, productos químicos, farmacéuticos, así como confites y chocolates, sectores que ahora enfrentan mayores costos y complicaciones logísticas.

Pero los aranceles no son la única herida: Ecuador también aumentó en un 900 por ciento la tarifa por transporte de crudo colombiano a través del oleoducto SOTE —pasando de 3 a 30 dólares por barril— y Colombia dejó de vender energía eléctrica al vecino desde el 22 de enero de 2026, una fuente clave para el sistema eléctrico ecuatoriano, sobre todo en temporadas de baja hidroeléctrica.

Un daño que va más allá de las estadísticas 

Analistas advierten que productores, comerciantes y consumidores de ambos países podrían sufrir consecuencias directas si el conflicto no se soluciona pronto. El aumento de costos podría traducirse en precios más altos para el consumidor final, interrupciones en las cadenas de suministro y menor competitividad para compradores y vendedores en la región.

La CAN, que ya ha expresado su preocupación por la escalada de medidas proteccionistas y aboga por el diálogo como herramienta para evitar una ruptura más profunda del comercio intrarregional, juega ahora un papel clave para evitar que esta disputa se transforme en un problema estructural para la integración andina.