En el núcleo del conflicto está el flujo de la recaudación del IVA. Cada dólar que aportan los contribuyentes ingresa inicialmente al Ministerio de Finanzas, en una cuenta central del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Esta cuenta, supervisada por la Presidencia de la República mediante el ministro de Finanzas, opera como un tablero de control para registrar quién ha pagado, quién no, el total recaudado y la distribución de los fondos.

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El artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece un proceso claro: Finanzas planifica la gestión, define el plan estratégico, determina obligaciones obligatorias y distribuye los recursos públicos a cada entidad del Estado. A continuación, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ejecuta las solicitudes de pago de las instituciones del sector público.

De la teoría a la práctica: retrasos y contradicciones

Según el diseño teórico, el proceso es claro: el SRI debe transferir los recursos a municipios, universidades o a beneficiarios como adultos mayores y personas con discapacidad, una vez que Finanzas los asigna. En la práctica, sin embargo, la situación es diferente, con retrasos e inconsistencias en la entrega de los pagos.

El debate cobró fuerza cuando en una audiencia judicial comenzaron a aparecer cifras contradictorias. Un informe señala que Finanzas transfirió 328 millones de dólares hasta el 30 de septiembre, pero el SRI asegura haber recibido solo 118 millones para estos pagos. Esto genera una pregunta inevitable: ¿dónde están los 210 millones restantes?, cuestiona Jorge Itúrburu, abogado que llevó el caso de la acción de protección por el atraso en la devolución del IVA.

Acción de protección y cifras que no coinciden

El retraso en la devolución del IVA llevó a un grupo de adultos mayores a interponer una acción de protección. La jueza Cruz Torres Martínez resolvió que no existía vulneración de sus derechos, rechazando la acción, mientras que las diferencias entre Finanzas y el SRI mantienen la polémica vigente.

"Es una inconsistencia que encendió las alarmas y que quedó plasmada en documentos oficiales enviados por ambas instituciones", destacó Itúrburu. Mientras el SRI informa sobre los rubros que sí se han pagado, Finanzas mantiene que la transferencia más importante se efectuó. La divergencia en las cifras se ha vuelto el núcleo del debate judicial, que todavía no tiene desenlace.

Recaudación récord pero recursos insuficientes

A pesar de los problemas en los pagos, los ingresos efectivamente subieron. Los informes del Ministerio de Finanzas indican que la recaudación del IVA alcanzó los 5.300 millones de dólares, producto del incremento del impuesto del 12 % al 15 % en abril de 2024.

"Es decir, plata entró. Mucha. Y aun así, al parecer no hay recursos suficientes para cumplir con todas las obligaciones, especialmente para devolver el IVA a los adultos mayores y a personas con discapacidad. No a todos les han devuelto el impuesto; a mí me deben desde enero de 2025", remarcó Itúrburu.

Hasta el momento, lo único claro es que las cuentas no cuadran y los documentos oficiales presentan contradicciones. El desenlace dependerá de conocer los motivos por los cuales la jueza negó la acción de protección por el retraso en la devolución del IVA, información que aún no se ha hecho pública.

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