En medio de las protestas indígenas que cumplen dos semanas, tres ministros del Gobierno ecuatoriano se reunieron el lunes 6 de octubre con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Durante el encuentro, explicaron las medidas económicas impulsadas por el presidente Daniel Noboa y las acciones implementadas para mitigar sus efectos sociales.

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La reunión estuvo encabezada por la canciller Gabriela Sommerfeld, junto a la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, y el ministro del Interior, John Reimberg. Durante la cita, los funcionarios expusieron los fundamentos de la decisión económica, así como los mecanismos de redistribución de recursos orientados a apoyar a los sectores más vulnerables del país.

Redistribución y programas sociales

El Gobierno informó que con la eliminación del subsidio al diésel se prevé liberar alrededor de 1.100 millones de dólares anuales, fondos que serán destinados a programas de protección social e incentivos productivos para pequeñas y medianas empresas.

Desde el inicio de las manifestaciones, el presidente Noboa ha visitado distintas provincias para entregar bonos, créditos y ayudas dirigidas a transportistas, mujeres rurales y emprendedores. Además, amplió la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, que ahora beneficia a 55.000 familias en todo el país.

Sin embargo, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, ha cuestionado estas acciones y aseguró que los incentivos buscan “dividir a las comunidades” y evitar que se sumen a las movilizaciones.

Ajustes institucionales y control fiscal

Como parte de su plan de eficiencia administrativa, el Ejecutivo reconfiguró en julio la estructura del Estado, pasando de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías. La medida incluyó la reducción de 5 000 cargos públicos, con el objetivo de controlar el déficit fiscal y cumplir los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante el encuentro, los ministros también expusieron las acciones implementadas en materia de seguridad, orientadas a proteger a la ciudadanía, preservar el orden público y garantizar la paz. Estas iniciativas, según señalaron, buscan resguardar a las familias ecuatorianas y contribuir al desarrollo nacional.

Seguridad y orden público

Las protestas registradas tras la eliminación del subsidio al diésel han dejado, hasta ahora, un fallecido, más de 80 heridos y más de 100 detenidos. De ese grupo, 12 personas permanecen en prisión preventiva acusadas de terrorismo por parte de la Fiscalía.

Defensores de derechos humanos han señalado 219 violaciones, en su mayoría relacionadas con la actuación de las fuerzas de seguridad. Asimismo, los bloqueos de carreteras afectan a nueve vías en tres provincias, complicando la movilidad y el tránsito.

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