El intento de revocar el mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se paró en seco. El promotor de la iniciativa, Néstor Marroquín, sorprendió al Consejo Nacional Electoral (CNE) al solicitar que no se procesen los formularios que él mismo entregó meses atrás.

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La petición llegó la mañana del domingo 5 de octubre, justo cuando el equipo técnico del CNE tenía todo preparado para iniciar la verificación de 4.800 firmas, distribuidas en 600 formularios, y esperaba recibir el resto.

El ingeniero Luis Bravo, coordinador nacional técnico de Participación Política, confirmó que el trámite quedó en pausa y que el caso fue remitido a la Dirección Jurídica del organismo para determinar si corresponde o no devolver los documentos.

“Hasta que no exista el criterio jurídico, no vamos a proceder de ninguna manera: ni procesar las firmas ni devolver los formularios. Los documentos están sellados y nunca se han abierto”, indicó Bravo.

El argumento de Marroquín

Horas antes, Marroquín difundió un comunicado en el que aseguró que su decisión busca proteger a los voluntarios que recolectaron las firmas.

“No presentaremos más formularios para no exponer a los voluntarios a tener que afrontar procesos penales”, señaló.

Según su balance, de los 60.000 formularios numerados, solo 11.750 cuentan con la certificación completa (unas 94.000 firmas), mientras que 47.000 no la tienen y 1.250 no fueron entregados.

La decisión generó molestia entre quienes apoyaban la iniciativa, incluidos algunos voluntarios que participaron en la recolección de firmas. También surgió preocupación sobre el manejo de la información sensible entregada a Marroquín en esos formularios.

Un proceso que se desinfló

El CNE tenía listas 20 estaciones de trabajo y veedores acreditados tanto del alcalde Muñoz como del promotor. Pero la decisión de Marroquín detuvo el proceso más mediático de participación ciudadana de Quito.

“Es la primera vez que ocurre algo así en un proceso de revocatoria”, admitió Bravo.

En su comunicado, Marroquín agradeció a los 543 voluntarios que colaboraron durante los 180 días de recolección y lanzó un mensaje final con tono desafiante:

“A los ciudadanos que apoyaron honestamente este proceso les pido disculpas; a los otros, decirles que el diablo paga mal a sus devotos.”

Por ahora, el CNE mantiene el proceso suspendido hasta contar con un criterio jurídico. Lo que empezó como una campaña ciudadana terminó convertido en un frenazo político que, en la práctica, ratificó a Pabel Muñoz en el cargo.

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