El proceso legal derivado de los retrasos en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y personas con discapacidad avanza hacia un punto determinante. En la audiencia del 21 de noviembre de 2025, convocada por la acción de protección iniciada por un grupo de beneficiarios, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Finanzas, del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría del Pueblo, que intervino como amicus curiae.

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Sin embargo, la intervención de la Procuraduría generó dudas entre los demandantes. El abogado Jorge Iturburu señaló que su presencia como “observadora” no se ajusta a la normativa, pues —según afirmó— la institución está obligada a representar al Estado en todos los escenarios judiciales y extrajudiciales. 

La audiencia se desarrolló en medio de tensiones, especialmente porque correspondía al Estado demostrar que cumplió con las devoluciones dentro del plazo legal de dos meses para adultos mayores y tres para personas con discapacidad, algo que —de acuerdo con Iturburu— no logró acreditar con documentación.

El artículo 182 y los plazos que no se han cumplido

Uno de los puntos centrales del proceso es el artículo 182 del reglamento, que establece plazos más cortos para la devolución del IVA a estos grupos de atención prioritaria. Los beneficiarios sostienen que los tiempos establecidos se han superado ampliamente, sin que los depósitos se hayan concretado, aun cuando Finanzas declara haber destinado los recursos al SRI.

Ante la falta de pruebas que justifiquen los retrasos, la jueza decidió convocar una segunda audiencia para el 8 de diciembre de 2025. En esta cita, el Ministerio de Finanzas y el SRI deberán demostrar, mediante documentos, que todas las solicitudes han sido pagadas y que no existen devoluciones fuera del tiempo legal. Además, los demandantes recibieron un plazo de cinco días para presentar evidencias adicionales que respalden su reclamo.

Carga de la prueba y el camino hacia una resolución

Para Iturburu, la jueza debió exigir desde el inicio que el Estado demostrara el cumplimiento de los pagos. Asegura que presentarán los expedientes de todas las solicitudes pendientes y de los retrasos acumulados. “No hay solución, no hay depósitos, y la vulneración del derecho es evidente”, afirmó.

Según reportó Diario EXPRESO, el medio requirió al SRI una versión sobre la acción de protección y las cifras vinculadas a las devoluciones del IVA; sin embargo, no recibió una respuesta antes de concluir su nota.

Escenarios posibles tras la decisión judicial

Si el dictamen —esperado después de la audiencia del 8 de diciembre— favorece a los ciudadanos, el Estado deberá disponer de los recursos y concretar los depósitos entre las siguientes 24 y 48 horas. De lo contrario, sostiene Iturburu, se estaría frente a un incumplimiento de decisiones legítimas, situación que podría derivar en denuncias penales e incluso en la salida de funcionarios públicos.

De no prosperar la acción de protección, el expediente será elevado en apelación a la Corte Provincial de Justicia. Pero, para quienes presentaron la demanda, la preocupación continúa: ¿qué pasó con los recursos cuya devolución estaba legalmente prevista?

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