Édison Antonio Díaz Rodríguez figura entre las 155 denuncias por extralimitación en el uso de la fuerza registradas en la Fiscalía entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025. Los casos involucran a integrantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, y han derivado en lesiones y muertes de ciudadanos.

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El 20 de junio, Díaz, de 44 años, fue atacado a tiros por policías en el Guasmo Sur, en Guayaquil, mientras regresaba a su domicilio en su vehículo, que recibió, al menos, 80 impactos de bala; cinco de ellos alcanzaron su cuerpo y le causaron la muerte en el lugar.

Su familia denunció el hecho horas después en la Fiscalía, asegurando que no tenía antecedentes penales y que, si intentó huir, fue por miedo. La investigación continúa, y algunos agentes han sido identificados, aunque sus nombres no se han hecho públicos.

“Mi padre no era un delincuente. Si no se detuvo fue porque seguramente se asustó, lo estaban siguiendo. Él era empresario artístico. El carro tiene 80 orificios, incluso en las llantas. Recibió cinco tiros en su cuerpo. Este proceso es largo y engorroso, pero el caso de mi padre es un hecho de extralimitación de la fuerza pública”, aseguró su hijo mayor.

Guayaquil concentra el mayor número de denuncias hasta la fecha: 38 casos (ver infografía). Uno de los antecedentes ocurrió el 1 de septiembre de 2024, cuando un taxista de 52 años fue baleado por policías motorizados tras no detenerse. Recibió dos impactos de bala; uno permanece alojado en la pierna derecha. El hecho ocurrió en Nueva Prosperina y aún no se ha establecido la responsabilidad de los agentes.

“No me detuve porque ya dos veces me han robado. Conduje hasta una estación policial para resguardarme, no porque huía. Los policías no disparaban a los neumáticos, sino a todo el carro. Les expliqué que soy taxista profesional y que trabajaba en Guayaquil dando servicio de transporte en un hospital”, contó la víctima.

En Quito, el 30 de agosto, un hombre murió en Cotocollao tras recibir disparos de dos policías en un vehículo; la institución confirmó su participación.

En abril, en Cuenca, Édison Pilataxi, de 35 años, perdió un ojo después de que un uniformado disparara una munición de goma durante un partido en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Expertos calificaron el hecho como uso excesivo de la fuerza.

La extralimitación también ha sido atribuida a los militares. En diciembre pasado, 16 uniformados de las Fuerzas Armadas fueron denunciados por retener a cuatro menores de edad en el sur de Guayaquil y trasladarlos hasta Taura, donde los abandonaron. El caso continúa en investigación e involucra a un oficial. Los cuatro chicos aparecieron muertos.

Estos incidentes reflejarían un patrón de violencia institucional que ha desencadenado cuestionamientos ciudadanos sobre los protocolos y la supervisión del uso de la fuerza.

Debate político y jurídico

El presidente Daniel Noboa anunció el 7 de marzo un indulto para policías y militares, tras una masacre ocurrida en Nueva Prosperina que dejó 22 muertos. La medida generó debate.

El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) señaló que su bancada respalda a la fuerza pública, pero expresó reparos al “indulto anticipado” aprobado en la Ley de Solidaridad.

“Creemos que debe concederse el indulto a policías o militares procesados por cumplir su deber contra la delincuencia. Lo preocupante es el indulto anticipado, porque por norma solo aplica a sentencias ejecutoriadas. Igual lo apoyamos porque siempre hemos defendido a la fuerza pública. Pero hechos como el de los niños en Las Malvinas no pueden encuadrarse en esa figura”, manifestó.

El tema está en análisis de la Corte Constitucional tras demandas de inconstitucionalidad presentadas por colectivos de derechos humanos.

En el ámbito judicial, el fiscal César Peña Morán explicó que el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la extralimitación en actos de servicio con hasta 10 años de prisión.

Subrayó que la ley obliga a observar los principios de proporcionalidad y uso progresivo de la fuerza, y que los casos que configuren ejecuciones extrajudiciales se procesan como delitos de lesa humanidad.

Factores sociales y psicológicos

El psicólogo y psiquiatra forense Segundo Romero advirtió que el país atraviesa una “psicosis colectiva de inseguridad”:

“La gente escucha una moto y cree que será asaltada; confunde cohetes con disparos. Esa psicosis también afecta a policías y militares, que actúan bajo adrenalina y miedo. La desconfianza hacia la autoridad, el irrespeto a normas y la presencia de delincuentes disfrazados de policías o militares agravan la situación”.

Romero señaló que la falta de protocolos claros, el deterioro de la imagen institucional y el déficit de equipamiento incrementan los riesgos tanto para uniformados como para ciudadanos. “No se trata solo de abuso de autoridad, sino de un fenómeno social complejo donde confluyen inseguridad, miedo y desconfianza”, concluyó.

Abusos vulneran derechos

La abogada Patricia Castro, presidenta del Comité de Juristas Cidhexpertas y defensora de los Derechos Humanos recordó que disparar contra ciudadanos sin pruebas de delito viola la Constitución y tratados internacionales. Citó la Convención Americana y los Principios de la ONU sobre el Uso de la Fuerza, que exigen proporcionalidad y necesidad.

Mencionó casos emblemáticos como el femicidio de María Belén Bernal y la muerte de los niños de Las Malvinas, donde, dijo, se manipuló la versión oficial. Para Castro, la extralimitación se ha convertido en un problema estructural y una política de Estado, por lo que las protestas ciudadanas son legítimas.

Concluyó que la ciudadanía respaldará a la fuerza pública si actúa dentro de la ley, pero que los abusos vulneran derechos humanos y erosionan la confianza social.

Dato: Este Diario solicitó a la Policía Nacional información sobre casos de presunta extralimitación, medidas de prevención, protocolos internos y capacitación de agentes. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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