El Estado apunta al control de GRANASA: la empresa denuncia una maniobra política

La intención de la Superintendencia de Compañías parece clara. El organismo inició un proceso para que el 40 % de las acciones de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), editora de los diarios EXTRA y EXPRESO, retorne a la empresa Veranera, actualmente en liquidación, y desde ahí tomar el control de dichas acciones.

Dos hechos evidencian ese camino. El primero es la solicitud de reversión de ese paquete accionario, actualmente de propiedad de Ingrid Martínez Leisker, hacia la empresa Veranera, que también pertenece a la misma accionista, aunque hoy está en liquidación.

Veranera traspasó hace seis años dichas acciones a la señora Martínez Leisker, tal como consta en los libros de acciones y accionistas de GRANASA S. A.

Y pese a que no ha existido ninguna controversia al respecto, pues la operación no ha sido objeto de ningún proceso ante un juez competente, la Superintendencia de Compañías (y aquí viene el segundo hecho) cambió recientemente al liquidador de Veranera en lugar de la propia Ingrid Martínez Leisker, poniendo a quien responda directamente a la Superintendencia. Esto con la finalidad de que pase a representar ese 40 % del capital de GRANASA.

El argumento de la ‘Super’ de Compañías es que “no se ha podido determinar la trazabilidad de la transferencia de acciones” de Veranera a Ingrid Martínez Leisker, según diría un informe de control que se mantiene en reserva, pues según explicó el procurador jurídico de GRANASA, Eduardo Carmigniani, la empresa no ha tenido acceso a ese documento, entre otras cosas, para conocer las motivaciones que determinaron dicha conclusión.

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Pese a ello, el camino que pretende seguir el organismo de control parece claro a partir de las declaraciones del mismo superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere, al medio de comunicación Ecuavisa.

En una nota publicada el pasado 31 de diciembre de 2025, Cabezas dijo: “Habrá que ver las deudas (de Veranera), el orden de prelación para ver en qué orden se va pagando. Pero habrá que ver si hay dinero en la compañía. Creemos que no hay. Y si no hay, habrá que rematar esas acciones y con el producto de ese remate pagar las obligaciones”.

Jorge Egas, expresidente de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, considera que la Superintendencia de Compañías no tiene la facultad de solicitar la reversión. “La transferencia o cesión de acciones se efectúa directamente entre el cedente y el cesionario”, explica.

El experto también recalca que debe cumplirse un requisito relacionado con la notificación al gerente o representante legal de la compañía, para que dicha cesión se inscriba en el libro de acciones y accionistas.

Asimismo, Juan Domingo Cárdenas, experto en Derecho Societario, dice que se debe tener en cuenta que uno de los principios de la compañía anónima es la libre transferencia de acciones. En ese contexto, la Superintendencia no tendría injerencia en la transferencia.

“En caso de que exista una denuncia de un tercero o del anterior propietario, podría iniciarse un proceso administrativo. Pero tal como entiendo el caso en este momento, no ha operado de esa manera. Ha sido un acto administrativo por parte de la entidad en el que de manera unilateral y de oficio lo han intentado reversar”, expresa Cárdenas.

En un comunicado emitido por GRANASA el jueves pasado se señaló: “El Gobierno de Daniel Noboa usa todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar a Gráficos Nacionales S. A., editora de EXPRESO y EXTRA, con el único propósito de someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador”.

Carmigniani también habla de la finalidad del proceso: “Lo que pretenden con esta inaudita maniobra es meterse en GRANASA”.