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Ecuador

Ataque a Daniel Noboa: los delitos que enfrentan los detenidos en Cañar
El Gobierno anunció que los cinco detenidos, entre ellos una adulta mayor, serán procesados por terrorismo e intento de asesinato
Este martes 7 de octubre, durante la visita oficial del presidente Daniel Noboa al cantón El Tambo, en la provincia de Cañar, se registró un ataque de manifestantes con piedras a la caravana presidencial.
El hecho dejó cinco personas detenidas, según confirmó la Presidencia de la República, que calificó el suceso como un ataque planificado.
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En un comunicado difundido en la red X, la Presidencia afirmó que “obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles” e intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de obras públicas en la zona.
“Los desestabilizadores no lograron detener al Gobierno Nacional. Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato”, señaló el pronunciamiento oficial.
A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025
Según el Gobierno, la caravana se dirigía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales por USD 4,5 millones y a entregar obras de alcantarillado en Sigsihuayco (USD 891.000) y Quilloac (USD 815.000).
Los detenidos
De acuerdo con organizaciones locales, las personas arrestadas durante el operativo son:
- Franklin Pichizaca Pomavilla, gestor cultural y músico del pueblo Kañari.
- Jaime Arcibiades Guaman Guaraca.
- María Ana Chimbo Quinde, médica comunitaria.
- Luis Humberto Yupa Guaman.
- José Guaman Chuma.
Hasta la tarde de este martes, los cinco permanecen bajo custodia policial en la Comandancia de Cuenca, ubicada en la calle Héroes de Verdeloma.
🚨 #URGENTE | Franklin Pichizaca, gestor cultural y músico Kañari, fue detenido junto a una médica y una adulta mayor en El Tambo, #Cañar, durante la represión policial y militar contra comunidades de la #UPCCC. Franklin ha defendido el agua y #Kimsakocha.Exigimos su libertad pic.twitter.com/YATOr6ABlW
— Foa Azuay (@foazuay93) October 7, 2025
Los delitos que se les imputará
Según el Gobierno, los detenidos serán procesados por dos delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP):
- Terrorismo (artículo 366): sanciona con 10 a 13 años de prisión a quienes provoquen o mantengan un estado de terror en la población mediante violencia o amenazas.
- Tentativa de asesinato (artículos 140 y 39): castiga con hasta 22 años de cárcel a quienes ejecuten actos para causar la muerte de una persona sin lograrlo.
La Fiscalía General del Estado asumió el caso y deberá determinar responsabilidades con base en los informes policiales y testimonios.
Denuncias de abuso y criminalización
Las organizaciones indígenas y campesinas del sur del país rechazan las acusaciones de terrorismo y denuncian uso excesivo de la fuerza.
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y la Unión de Pueblos y Comunas del Cañar (UPCCC) aseguran que los detenidos participaban en una manifestación pacífica durante la visita presidencial.
“Franklin ha acompañado la defensa del agua y de Kimsakocha, llevando su arte como expresión de resistencia y esperanza. Exigimos su libertad inmediata y respeto a sus derechos humanos”, manifestó la FOA en un comunicado.
Las organizaciones solicitaron la presencia de observadores de derechos humanos y denunciaron que se pretende criminalizar la protesta social. “El arte, la vida y la dignidad no se encarcelan”, concluye el pronunciamiento.

Contexto del Paro Nacional
El incidente ocurre en el marco del Paro Nacional 2025, que este martes cumple su tercera semana de protestas en varias provincias del país.
Las organizaciones indígenas mantienen su rechazo al Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, y denuncian una creciente militarización en zonas rurales del Azuay y Cañar.
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