Carmigniani denuncia “hostigamiento gubernamental” contra GRANASA por intervención estatal

En una entrevista con Iván Pérez Sarmenti, periodista de CNN en Español, el abogado Eduardo Carmigniani, procurador judicial de GRANASA, explicó la situación que atraviesa Gráficos Nacionales (GRANASA), empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA. Durante la conversación, subrayó que la intervención estatal no doblegará la postura de independencia editorial ni el compromiso informativo del medio.

Desde la noche del miércoles 18 de febrero, el medio de comunicación permanece intervenido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La medida se produjo porque GRANASA se niega a entregar información considerada sensible a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), actualmente adscrita a la Presidencia de la República, que alega su condición de accionista del 2,56 %, cuya propiedad —según la empresa— se encuentra en disputa dentro de un proceso legal.

Medios incautados, el antecedente del Estado como competidor

Carmigniani señaló que el Estado ecuatoriano administra varios medios de comunicación incautados en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, lo que, a su juicio, lo convierte también en competidor de GRANASA. Estas empresas pertenecían al Grupo Isaías, antiguos propietarios del quebrado Filanbanco.

Aunque en su momento el entonces mandatario ofreció vender esos medios, la desinversión no se concretó y las compañías permanecieron bajo control estatal. Con el tiempo, pasaron a operar como parte del sistema de medios públicos del país.

Los hermanos Isaías poseían el 2,56 % de las acciones de GRANASA; no obstante, durante el gobierno de Daniel Noboa, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) ha sostenido que es propietaria de ese paquete accionario. La entidad argumenta que dicha participación forma parte de los bienes incautados al grupo empresarial.

Sin embargo, el abogado Nino Cassanello, defensor de Carlos Martínez Bruno, actual director de Diario EXPRESO, ha explicado que ese porcentaje fue adquirido por Martínez Bruno cuando los hermanos Isaías recuperaron sus propiedades por disposición judicial. Según su versión, la titularidad de esas acciones responde a ese proceso de restitución y no a la administración estatal.

La intervención y la disputa por información sensible

A pesar de ello, señaló Carmigniani, el Gobierno buscaba que la empresa entregue información como la lista de clientes, de anunciantes y de proveedores, además de detalles sobre el trabajo de sus abogados. Según el jurista, la compañía se negó a proporcionar esos datos por considerar que forman parte de sus secretos empresariales y que su resguardo está amparado por la ley.

Por otro lado, Carmigniani sostuvo que al gobierno de Daniel Noboa le incomodan las investigaciones y opiniones publicadas por EXPRESO, lo que —según dijo— explica la escalada del conflicto. Por ello, afirmó que “estamos frente a un hostigamiento gubernamental”, y que se utilizó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como un mecanismo de presión contra un medio independiente.

Postura de resistencia

Es por esto por lo que el accionar del Gobierno de Noboa ha generado conmoción a escala internacional y ha abierto un debate sobre eventuales vulneraciones a la libertad de prensa. Este caso se suma a otras actuaciones cuestionadas, entre ellas señalamientos por censura a medios independientes atribuidos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

A criterio del jurista, las medidas adoptadas por el régimen ecuatoriano constituyen ensayos para intentar sojuzgar la libertad de expresión. “Pero con nosotros, señor Pérez Sarmenti, se equivoca”, afirmó Carmigniani, al sostener que, independientemente de las decisiones que se tomen, no modificarán la independencia histórica de su línea editorial informativa, “pase lo que pase”.

Todo esto, sostuvo Carmigniani, evidencia que “estamos frente al intento de tomarse los medios por la vía de la propiedad”. Aun así, remarcó que GRANASA mantendrá su postura y resistirá ante las medidas adoptadas, en defensa de su independencia editorial.