Caso Granasa: Universidades alertan sobre riesgos a la libertad de prensa por intervención
Decanos califican la medida de la ‘Super’ de Compañías como un posible ataque contra los medios. Llaman a proteger el derecho a la información

Pese a la intervención, EXTRA, en todas sus plataformas, mantiene su línea editorial crítica y fiscalizadora ante el poder estatal.
La intervención de la Superintendencia de Compañías en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), editora de EXTRA y EXPRESO, ha generado reacciones en universidades de la Sierra y la Costa del país. Decanos y docentes consideran que este episodio toca directamente la libertad de prensa.
Para Esteban Santos, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones de la Universidad Hemisferios en Quito, la medida, que se concretó el miércoles 18 de febrero, va en contra de los principios básicos de libertad de prensa y expresión. Incluso la compara con los intentos del correísmo de silenciar al diario El Universo.
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En la Universidad Técnica de Machala, José Correa Calderón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, subraya que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución y debe ser respetada tanto por los gobiernos como por los ciudadanos.
Además, José Correa resalta la importancia de defender este derecho de manera colectiva. Señala que informar y opinar de forma veraz, sin presiones, es una responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado, quien debe garantizar estas libertades.

Sede de los diarios EXPRESO y EXTRA en Guayaquil.
No todos los decanos se pronunciaron. Santiago Velásquez, de la UEES, se excusó por no tener información técnica suficiente; Leonel Fuentes, de la Universidad de Guayaquil, no pudo declarar por causas legales; y Solimar Herrera Garcés, de la Universidad Central, indicó que carece de elementos para opinar.
Por su parte, Santiago Machuca, profesor de la Universidad Central, analiza el caso como parte de una cadena de hechos administrativos y judiciales que podrían considerarse represalias contra el medio, sus directivos y abogados, culminando con la intervención de órganos de control en situaciones que él califica de injustificadas.
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Machuca insiste en que no existen causales económicas claras que justifiquen la intervención de GRANASA, lo que, a su juicio, deja entrever una evidente presión estatal sobre el medio.
José Chalco Quezada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay, añade que tanto el periodismo nacional como internacional perciben la medida como un posible hostigamiento, por la postura crítica de los medios frente al Gobierno.
Chalco también menciona que los órganos de control deberían aprovechar sus competencias y el debido proceso para disipar cualquier sospecha de intimidación, demostrando así que se respeta la libertad de expresión y fortaleciendo la confianza ciudadana en la democracia.
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Para Machuca, la comunidad académica ha perdido su capacidad de asombro y de reacción. “Han sido cómplices por su silencio. Incluso se han entregado premios o condecoraciones, emitidos por algunas universidades, a servidores del régimen y al propio presidente de la República. Se vuelven mecanismos de complicidad ante actuaciones arbitrarias. Vemos que directivos, decanos y rectores se esconden para no opinar contra el régimen”.