La Corte Constitucional aceptó la demanda del Ministerio de Trabajo contra una resolución que restringía los reclamos por despido ineficaz, incluyendo pagos pendientes y beneficios, con el objetivo de proteger los derechos, la estabilidad y la dignidad de los trabajadores, especialmente mujeres embarazadas, en lactancia y dirigentes sindicales.

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Demanda por despido ineficaz

El 29 de agosto, la Corte Constitucional del Ecuador aceptó la demanda presentada por el Ministerio de Trabajo contra una resolución de la Corte Nacional de Justicia vinculada con el despido ineficaz, que perjudica a personas en estado de vulnerabilidad. 

La cartera de Estado informó que, esta acción busca proteger los derechos de los trabajadores y garantizar el acceso a una justicia laboral equitativa y efectiva.

Restricciones de la resolución impugnada

La resolución cuestionada limitaba las demandas que los jueces podían admitir en casos de despido ineficaz, afectando especialmente a grupos vulnerables como mujeres embarazadas o en período de lactancia, y dirigentes sindicales. 

Además, impedía que los trabajadores incluyeran reclamos adicionales como pagos de décimos (decimotercera y decimocuarta remuneración), vacaciones pendientes y sueldos no pagados, lo que según el Ministerio representaba una regresión de los derechos laborales.

Argumentos del Ministerio de Trabajo

La ministra Ivonne Núñez Figueroa explicó que la resolución es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y con los principios de justicia social establecidos por la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales. 

Según el Ministerio, limitar los reclamos de los trabajadores despedidos atenta contra la igualdad, la estabilidad laboral y la dignidad de quienes se ven afectados por un despido injustificado; tomando en cuenta que, no solo ellos se ven perjudicados, también sus respectivas familias.

Implicaciones para los trabajadores

Con la admisión de la demanda, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de proteger los derechos laborales y garantizar que los trabajadores puedan acceder a mecanismos de justicia imparcial y expedita. 

La acción busca asegurar que, los trabajadores que han sido despedidos de manera intempestiva, mantengan su estabilidad, dignidad y acceso a todos los beneficios y remuneraciones que les corresponden por ley.

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