Crimen organizado en Ecuador: Los retos del Estado para obtener información ciudadana clave

En una época en la que el crimen organizado genera temor, motivar a la población a proporcionar información clave sobre organizaciones delictivas y sus cabecillas se ha vuelto un reto. Según especialistas consultados por EXTRA, primero es necesario recuperar la confianza ciudadana. Un proceso que implica para el Estado el fortalecimiento de estrategias y políticas públicas.

En Ecuador, una de las opciones disponibles para brindar este tipo de información -de manera anónima- es la línea telefónica 1800-Delito (335486). A través de una llamada a ese número se pueden otorgar detalles respecto a delitos como extorsiones, violencia de género, tráfico de sustancias, datos sobre los más buscados, entre otras situaciones criminales. 

Este método es difundido de manera recurrente por las instituciones de la fuerza pública, así como por las autoridades que encabezan estas entidades gubernamentales, principalmente utilizando como canal a las redes sociales.

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De acuerdo con la plataforma del programa Los Más Buscados, integrada a la página web de la Policía Nacional, entre enero y diciembre de 2025 fueron capturadas 41 personas que estaban entre las más buscadas. Sin embargo, no se detalla cuántas de estas detenciones se produjeron a partir de información recabada a través del 1800-Delito. En la plataforma se recalca el uso de la línea garantizando la absoluta confidencialidad.

Otra alternativa, que se viene implementando desde mediados de 2025, consiste en la colocación de afiches con códigos QR en locales comerciales y otros puntos de concurrencia, con el objetivo de que la ciudadanía pueda escanearlos con su celular y reportar emergencias o información al instante. Además, también se planifican visitas periódicas de agentes policiales a estos sitios, para verificar que todo marche con normalidad o posibles situaciones sospechosas de relevancia.

Neutralizar y generar confianza

Iván Carvajal, experto en inteligencia estratégica y analista sociopolítico colombiano, señala que la criminalidad que actualmente azota a Ecuador tiene muchas similitudes con la situación que vivió Colombia en la década del 90. Por eso, considera que hay aspectos positivos y negativos de las políticas públicas implementadas en su país, que deben ser analizados en Ecuador.

Por ejemplo, en aquella nación, a inicios de la década del 2.000 se aplicó la denominada Política de Seguridad Democrática, que tenía como fin neutralizar a quienes generaban violencia. Ese es un primer paso.

“Tiene que haber una estrategia muy clara, un proyecto muy claro de devolverle la confianza y la tranquilidad a los ciudadanos. No es suficiente ofrecer recompensas. Para las personas no es únicamente el asunto de la plata, necesitan básicamente dos cosas: saber que lo que ellos denuncien va a tener un efecto judicial y tener confianza en las instituciones para poder contarles cosas”, enfatiza.

Y esa confianza, en el caso Colombiano, se generó a partir de estrategias como, por ejemplo, las acciones cívico-militares. Estas prácticas consistían en que el Ejército se movilizara hacia zonas apartadas de la geografía, a pueblos muy lejanos, llevando médicos, odontólogos, carpinteros, sastres, circo, diversión, pero también cosas que necesitaba la gente.

“De hecho, muchos médicos en Colombia se apuntaban a ese programa para ir de voluntarios a esas campañas los fines de semana y atender a la gente. Hay que entender que a las personas hay que ganárselas. Si tu quieres que tu amigo te cuente algo, pues tu tienes que generarle confianza”, detalla.

En su criterio, aquellas actividades sirven para conectar a la fuerza pública con la comunidad, pero también son un espacio adecuado para hacer un primer acercamiento y obtener información vital para el combate al crimen organizado.

Finalmente, Carvajal apunta a que, para recuperar la paz, deben combinarse dos factores que deben funcionar a la perfección: seguridad y justicia. La primera se consigue cuando el Estado, a través de la fuerza pública, es capaz de controlar los territorios. En cuanto a la justicia, el esclarecimiento de los delitos debe ser superior a la impunidad.

En Colombia, este último punto es un reto pues, según el especialista, aproximadamente 8 de cada 10 casos no son resueltos. Una realidad similar en el caso ecuatoriano, en el cual la impunidad también es un asunto pendiente por solucionar.

Acercarse más a la gente

Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC), comenta que, por una sensación de impunidad y de inseguridad, que ha ido creciendo en el Ecuador en los últimos años, la gente va a confiar menos en las instituciones encargadas de combatir estas problemáticas.

“La confianza ciudadana, generalmente, al menos en la experiencia de América Latina, ha sido generando un mayor acercamiento entre la policía comunitaria y los barrios. Hay que acercar las unidades de policía comunitaria a la ciudadanía y mejorar el tiempo de respuesta de las llamadas del ECU 911”, refiere.

Según el experto, desde 2020, a consecuencia del aumento en los índices de criminalidad, se viene incrementando el número de policías en otras unidades. Sin embargo, también debe subir el personal policial comunitario, que tiene una interacción directa con la ciudadanía, lo que podría facilitar respuestas rápidas en casos que se registren.

A criterio de Rivera, otra acción indispensable es que la Fiscalía implemente canales de denuncias anónimas, que cuenten con una herramienta de seguimiento para que las personas puedan ver qué pasó con sus procesos. “Si tú vas a poner una denuncia en la Fiscalía, van a pedirte los datos, y eso ya genera una desconfianza”, dice.

Apuntar las acciones de inteligencia

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), indica que estas campañas implantadas por el Estado (como el 1800-Delito y los códigos QR) deben ser lo suficientemente explicadas, de manera que la gente entienda cuáles son los objetivos que se buscan a través de ellas.

Eso también debe ir de la mano con que realmente haya la garantía de que no se van a exponer los datos de quienes proveen información utilizando estas plataformas.

Pontón también alerta de que, a la par de implementar estos procesos, con la misma urgencia hay que reforzar y mejorar las acciones investigativas y de inteligencia en la fuerza pública, no solo para lograr capturar a cabecillas de organizaciones delictivas, sino también para detectar a aquellos que, cobijados por la información anónima, buscan otro tipo de fines.

“Se ha visto que, por lo general, son las mismas organizaciones criminales que utilizan este tipo de herramientas, bajo la figura de anonimato, para hacer que el Estado haga el trabajo que ellos no pueden hacer, o que desean que otros hagan. Por ejemplo, debilitar a sus enemigos. Y eso también puede ser un tema bastante peligroso. Entonces, un mecanismo importante que debe tener la Policía es la inteligencia y contrainteligencia para analizar esa información, de manera que le permita evitar que las herramientas implementadas no sean usadas por el mismo crimen organizado”, explica.