Daniel Noboa renueva estado de excepción en Ecuador: qué cambia en 9 provincias
Medida rige 30 días más en nueve provincias; se suspenden derechos para facilitar operativos contra el crimen organizado

Daniel Noboa renovó estado de excepción en varias provincias de Ecuador.
Este sábado 28 de febrero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó el estado de excepción que rige en varias zonas del país por “grave conmoción interna”, una medida que se extenderá por 30 días adicionales y que impacta directamente en nueve provincias y tres municipios golpeados por la violencia.
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La decisión se basa en informes técnicos presentados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante enero y febrero de 2026, según consta en el decreto ejecutivo.
¿En qué provincias se mantiene el estado de excepción?
La renovación aplica en las provincias de:
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Pichincha
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
Además, incluye a los municipios de La Maná (Cotopaxi), y Las Naves y Echeandía (Bolívar).
En estos territorios, las autoridades consideran que persisten altos niveles de violencia vinculados a estructuras del crimen organizado.
¿Qué derechos quedan suspendidos?
El decreto establece la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. En la práctica, esto permite que policías y militares ejecuten allanamientos inmediatos durante operativos contra organizaciones delictivas, sin necesidad de una orden judicial previa en el momento de la intervención.

Durante estado de excepción, fuerzas de seguridad tienen mayores facultades.
Asimismo, podrán identificar, analizar y recopilar información considerada indispensable para prevenir o neutralizar amenazas a la seguridad.
Para los ciudadanos, esto implica mayores controles, operativos focalizados y presencia reforzada de fuerzas de seguridad en calles, barrios y carreteras dentro de las zonas incluidas.
¿Por qué continúa la medida?
Ecuador se mantiene desde 2024 bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, impulsada por Noboa para intensificar la lucha contra grupos delincuenciales a los que el Gobierno ha catalogado como “terroristas”.
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Pese a esa estrategia, 2025 cerró con cifras históricas de violencia. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, el país registró alrededor de 9.300 homicidios durante ese año, el número más alto del que se tenga registro reciente.
La extensión del estado de excepción busca, según el Ejecutivo, sostener herramientas extraordinarias para enfrentar a las estructuras criminales en los territorios más afectados.