El Gobierno de Ecuador dio un paso clave en la disputa por los contratos de generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024. El presidente Daniel Noboa confirmó que el Estado presentó una demanda en Estados Unidos contra la empresa Progen, proveedor de generadores eléctricos, por presuntos incumplimientos y posibles irregularidades que habrían ocasionado un grave perjuicio económico al país.

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La acción legal fue interpuesta por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ante una corte del estado de Florida. Según la información difundida por el propio mandatario, el reclamo busca medidas de reparación relacionadas con “fraude” y “enriquecimiento injusto”, conceptos que constan en el documento judicial adjuntado por Noboa en sus redes sociales.

“Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Ayer se presentó”, escribió el jefe de Estado, el martes 16 de diciembre de 2025, al tiempo que subrayó que su decisión responde a la preocupación ciudadana por el manejo de los contratos firmados en medio de la emergencia eléctrica. En el mismo mensaje añadió: “Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país”.

¿Por qué Ecuador demandó a Progen en Estados Unidos?

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, explicó que la demanda se ampara en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), una normativa federal estadounidense que se aplica a esquemas de corrupción criminal. “Esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización”, señaló la funcionaria, también a través de la red social X.

Celec firmó en 2024 contratos con Progen por un monto total de 149,1 millones de dólares, destinados a la adquisición e instalación de equipos capaces de aportar 150 megavatios al sistema eléctrico nacional. Estos generadores fueron contratados como una solución urgente frente a la crisis energética que atravesó Ecuador, provocada principalmente por la sequía en los ríos que alimentan las principales centrales hidroeléctricas del país.

No obstante, a finales de ese mismo año, el Gobierno ecuatoriano anunció la imposición de una multa de aproximadamente 900.000 dólares a Progen, al considerar que la empresa incumplió los plazos de instalación de los equipos, un retraso que impactó directamente en la capacidad de respuesta ante los apagones.

¿Qué irregularidades detectaron los organismos de control?

Las dudas sobre los contratos se profundizaron a mediados de 2025, cuando la Contraloría General del Estado determinó que los acuerdos con Progen habrían ocasionado un perjuicio económico cercano a los 100 millones de dólares. Este informe dio paso a una investigación penal.

Posteriormente, la Fiscalía ejecutó varios allanamientos en el marco de una indagación por el presunto delito de peculado, relacionada con la contratación de generación eléctrica durante la emergencia. Aunque el proceso judicial continúa en etapa investigativa, el caso se convirtió en uno de los episodios más sensibles de la gestión de la crisis energética.

Entre 2023 y 2024, Ecuador enfrentó uno de los periodos más complejos de su sistema eléctrico. Durante el último tramo de la crisis, entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados a nivel nacional que oscilaron entre dos y catorce horas diarias, afectando a hogares, comercios e industrias.

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