La Asamblea Nacional se prepara para su cierre de actividades de 2025. A partir del 22 de diciembre, los asambleístas se acogerán a un receso legislativo de quince días, no sin antes concentrar el debate en una intensa agenda que incluye temas urgentes de seguridad y regulación deportiva. Sin embargo, importantes procesos de fiscalización quedarán en stand by hasta el próximo año.

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Antes del receso, están programadas dos sesiones plenarias (martes y miércoles) en las que la bancada oficialista ADN busca impulsar proyectos de alta relevancia:

• Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA): El oficialismo busca la aprobación de este instrumento internacional. Su ratificación obligará a Ecuador a ajustar su Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, fortaleciendo los controles para prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas que alimenta a las economías criminales.

• Regulación de apoyo militar a la Policía: Se dará el primer debate al proyecto de ley que implementa la reforma constitucional del artículo 158, aprobada en el referéndum de abril de 2024.

Innovaciones en deporte y recuperación de fondos

La agenda también incluye avances en otras materias normativas:

• Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: En su segundo debate, el proyecto plantea un sistema nacional del deporte más articulado y transparente. Introduce principios de inclusión social, equidad de género y, notablemente, la regulación de los deportes electrónicos o e-sports.

• Ley Orgánica de Repetición: Impulsada por la administración de Niels Olsen, esta iniciativa busca crear el marco legal para que el Estado pueda recuperar los valores pagados como indemnización debido a las acciones u omisiones de sus servidores o exservidores públicos. Este esfuerzo se refuerza tras el reciente logro del Gobierno de Daniel Noboa de reducir significativamente (en 93,4 %) la indemnización que Ecuador debía pagar a la petrolera Chevron.

Los pendientes que esperarán a 2026

Varios temas de alta sensibilidad social y política han sido aplazados. Los informes de investigación en dos comisiones clave no serán conocidos por el Pleno antes del receso:

El caso Progen y contratos eléctricos

La Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Diana Jácome (ADN), investiga presuntas inconsistencias en el pago de $69.58 millones de CELEC a la empresa estadounidense Progen por generadores para los proyectos termoeléctricos El Salitral y Quevedo.

Aunque la comisión podría aprobar el informe esta semana, su discusión y conocimiento en el Pleno se pospondrá hasta 2026.

Crisis hospitalaria y desabastecimiento de ,edicamentos

La Comisión de Salud, controlada por el oficialismo y presidida por Juan José Reyes (ADN), no logrará entregar a tiempo el informe sobre la crisis en el sector de la salud y el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del país.

El presidente de la mesa mencionó avances en la provisión coordinada de medicamentos, remoción de personal que ha escondido insumos y el desembolso de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sistema de salud integral.

Otros temas pendientes para el retorno de actividades incluyen el segundo debate de la reforma laboral (que recoge artículos de proyectos declarados inconstitucionales) y el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la enmienda propuesta por ADN para excluir a las personas privadas de la libertad de la lista de grupos vulnerables.

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