La bancada oficialista de la Asamblea Nacional presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el objetivo de eliminar la prescripción de los delitos de mayor gravedad, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado y que afectan de forma directa a la seguridad ciudadana.

La iniciativa fue liderada por la asambleísta Diana Jácome, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), quien explicó que el objetivo central de la propuesta es cerrar las brechas legales que aprovechan las organizaciones criminales para evadir la justicia durante años. 

Según Jácome, estos grupos a menudo huyen del país o se ocultan hasta que los plazos de prescripción vencen, lo que genera una sensación de impunidad en la sociedad.

¿Qué cambios plantea la reforma?

El proyecto busca modificar el numeral 4 del artículo 16 del COIP para que la acción penal y la pena de ciertos delitos no se extingan con el paso del tiempo, sin importar cuántos años hayan transcurrido. Entre los delitos incluidos en la propuesta están: terrorismo, tráfico de drogas, sicariato, secuestro, trata de personas, pornografía infantil y actividad ilícita minera. 

De acuerdo con los proponentes, esta reforma permitiría perseguir judicialmente a los responsables de estos delitos aunque hayan abandonado el país o intenten esconderse en el exterior, lo que aumentaría las oportunidades de cooperación internacional para su detención y enjuiciamiento.

Una respuesta a las críticas sobre impunidad

La legisladora argumentó que la prescripción se ha convertido en una “estrategia de escape” para las mafias, permitiendo que delincuentes graves evadan la justicia simplemente esperando que el tiempo legal venza. 

“Si se esconden, serán perseguidos internacionalmente; si regresan, serán detenidos”, afirmó Jácome, subrayando que la reforma busca fortalecer las herramientas del sistema judicial y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Además de endurecer la persecución penal, los impulsores de la medida sostienen que este cambio también protegería de manera más efectiva a las víctimas, en especial a niños y adolescentes afectados por delitos de alta violencia o explotación.

¿Qué sigue en el proceso?

El proyecto deberá ingresar formalmente al Pleno de la Asamblea Nacional y ser analizado en comisión antes de su debate y eventual aprobación en el pleno. La propuesta aún enfrenta un camino legislativo que incluye discusiones, posibles ajustes y votaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!