Una jueza dictó prisión preventiva contra un militar señalado como el presunto autor de la violación de un soldado de 18 años en el interior de un cuartel del Batallón de Selva Zumba, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú. La Fiscalía informó que el procesado es un cabo primero de infantería identificado con los nombres Alex Marcelo.

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Según el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido dentro del propio cuartel y se encuadra en un contexto de abuso de poder: el instructor retiró al joven una cadena con valor sentimental —prohibido el uso de joyas dentro del recinto— y, presuntamente, condicionó su devolución a que el soldado accediera a sostener relaciones sexuales. La Fiscalía señaló que el acusado “habría utilizado el chantaje como herramienta para cometer el crimen”.

Un examen médico-legal practicado a la víctima arrojó hallazgos que respaldan la denuncia: la institución indicó que se “confirmó la existencia de signos de violencia recientes que serían producto de una violación”. La versión del soldado fue trasladada a un capitán del mismo batallón, quien presentó la denuncia y cuyo relato, según la Fiscalía, coincidió con el testimonio anticipado de la víctima; esa consistencia fue parte del paquete probatorio que el fiscal expuso en la audiencia de formulación de cargos.

¿Cómo ocurrió el presunto abuso dentro del cuartel?

Los detalles formales del incidente, según el comunicado del Ministerio Público, apuntan a un escenario donde la jerarquía y la cercanía entre instructor y subordinado habrían facilitado la situación. No se han divulgado públicamente más datos sobre el lugar exacto dentro del cuartel ni la cronología hora por hora; sí consta que la denuncia partió del interior de la unidad militar, trasladándose luego a la Fiscalía para la investigación pertinente.

¿Qué medidas adoptó la justicia?

La jueza que conoció el caso ordenó prisión preventiva para el sospechoso mientras duren las investigaciones. Además, impuso medidas cautelares destinadas a proteger a la víctima y su familia: el acusado tiene prohibido perseguir o intimidar a la víctima, incluidas acciones a través de terceras personas. El fiscal presentó la acusación y la causa avanzará con diligencias complementarias para reunir más pruebas y escuchar testigos.

De confirmarse la culpabilidad en un juicio, el militar enfrentaría una pena que podría alcanzar hasta veintidós años de prisión, según la tipificación mencionada por el Ministerio Público.

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