La audiencia de juicio por la presunta desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas se reanudó este lunes, con la presentación de cargos contra dos oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE): el teniente coronel Juan Francisco I. M., acusado como cómplice, y el subteniente John Henry Z. E., señalado como autor directo.

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La diligencia marcó el ingreso del proceso a su fase final, luego de que la semana pasada la Fiscalía concluyó su acusación contra 10 de los 17 militares procesados por estos hechos. Desde ahora, el juicio avanza con los alegatos de clausura de las partes.

La Fiscalía atribuye al teniente coronel Juan Francisco I. M. una contribución posterior y un posible encubrimiento de los hechos, al sostener que, pese a conocer lo ocurrido desde el 10 de diciembre de 2024, omitió activar los protocolos de búsqueda, no informó de inmediato a las autoridades competentes y permitió el manejo irregular de evidencias.

Por ello, la entidad solicitó para él una pena de siete años y cuatro meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos ($376.000) y una reparación simbólica de $10.000 para las familias de las víctimas.

Piden reparación de 100.000 dólares a familiares de las víctimas

A esta acusación se sumó la acusación particular, representada por la defensora pública Dina Reina, quien sostuvo ante el Tribunal que el oficial incurrió en una grave inacción, pese a conocer que los menores se encontraban en riesgo inminente.

Reina afirmó que esta omisión vulneró el interés superior de los menores y solicitó que sean acogidas la pena y multa planteadas por la Fiscalía, además de una reparación integral ampliada de 100.000 dólares para las familias.

Luego de estos alegatos, el Tribunal escuchó las intervenciones finales en torno al subteniente John Henry Z. E., quien estuvo al mando de la patrulla militar de 16 efectivos que interceptó a los cuatro menores la noche del 8 de diciembre de 2024.

Según la Fiscalía, el oficial dirigió un procedimiento ilegal que incluyó el traslado de las víctimas a una zona apartada de Taura, en el cantón Naranjal, donde habrían sido golpeadas, intimidadas con disparos a corta distancia, obligadas a desnudarse y abandonadas en un entorno de alta peligrosidad.

El Ministerio Público sostiene que el subteniente ejerció dominio del hecho, al impartir las órdenes determinantes del operativo y omitir toda comunicación inmediata a autoridades civiles, conducta que, a criterio fiscal, configuró la desaparición forzada. Por ello, solicitó una condena de 34 años y ocho meses de prisión como autor directo y principal responsable.

El fiscal del caso recordó que, en total, se pidió la semana anterior una condena de 34 años y ocho meses de prisión para 10 acusados como presuntos autores directos, además de multas e indemnizaciones. 

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