Ley penitenciaria: ¿Por qué la reforma carcelaria genera dudas?

La nueva ley penitenciaria abre más dudas que certezas. Mientras expertos coinciden en que el eje laboral no es una novedad y podría usarse como argumento político, advierten que los cambios más delicados están en el endurecimiento del sistema penal y en posibles roces con la Constitución.

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El trabajo para que los presos puedan cubrir sus necesidades sería “una trampa para ser aceptado socialmente” dentro de la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de marzo. Así lo afirmó Sebastián Jácome, abogado especializado en derecho penal y constitucional.

¿Qué reformas carcelarias plantea?

La reforma establece que las personas privadas de libertad deberán trabajar para cubrir sus propias necesidades dentro de prisión. La normativa también introduce nuevas obligaciones para el personal de seguridad: capacitación permanente, evaluaciones, pruebas de confianza y rotación de cargos.

Además, autoriza el uso legítimo de la fuerza dentro de los centros, en el marco de las funciones de los custodios, e incorpora la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria.

La ley reforma principalmente el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley de Seguridad Pública.

Cambios en el COIP

Para Jácome, los cambios importantes están en las reformas al COIP. “Se está buscando ser mucho más riguroso, pero en ese exceso de rigurosidad empezamos a tener problemas que, en algún punto, podrían llevar a la inconstitucionalidad parcial de la norma”, alertó. 

Ya que, por ejemplo, la ley propone equiparar a las personas que están cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva con presos sentenciados y disponer que estén en las mismas cárceles de máxima seguridad.

A su parecer, es una falta al principio de inocencia. “Creo que el legislador lo sabe”, indicó. “Yo veo en la reforma que son bastante insistentes en poner ‘esto no es un anticipo de pena’”, y aclaró que esas afirmaciones no significan que no lo sean.

Eje laboral

Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que el eje laboral ya existe en la política de rehabilitación social. Lo que propone la ley no sería nuevo; sin embargo, falta precisar.

“El Estado está en la obligación de asegurar las dos cosas de manera individual”, indicó Bastías. “No es que si no trabajas no tienes comida ni atención médica. Si esa es la lógica en la que se quiere ejecutar la Ley, constituiría una restricción de derechos reconocidos por la Constitución y por instrumentos internacionales”.

Billy Navarrete, también del CDH, defendió que el trabajo es la columna vertebral de todo proceso de rehabilitación, pero que en Ecuador no existe. “Tienen que aterrizar la ley adecuadamente para que no quede como papel mojado, inútil”.

Para Jácome, de este eje la norma no dice nada nuevo y lo describió como “un lavado de manos”, ya que siempre ha existido. La cuestión es que no hay un presupuesto para ejecutar esos planes. 

“Es acudir a la ignorancia supina para darle más positividad a la ley en general, o para confundir a la oposición y hacer que se desbarate argumentando que no tiene que ver con el eje laboral. Si ese fue el objetivo, lo lograron, porque lo trascendental está en el COIP”, puntualizó.

Destacó la reestructuración de las cárceles como un avance. “Esta reforma al Coescop, con el presupuesto adecuado y la voluntad política correcta, podría permitir una reorganización real”. 

También aclaró que el SNAI no pierde autoridad. El hecho de que el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria pase a ser un ente de seguridad complementaria de la Función Ejecutiva sería una forma de dar un mensaje directo desde el Gobierno: “Oigan, el presidente es la persona que está detrás, que se sientan con un mayor control jerárquico”.

Así también con los grupos especiales de intervención, las personas armadas y tácticas, considera que le daría “un giro de 180 grados a la situación”. “Una mejor estructura robustece ese sistema y sirve, siempre y cuando se ejecute bien la norma; en caso contrario, nos vamos a quedar iguales”.

Sistema en crisis

La ley incluye la posibilidad de aplicar el uso progresivo de la fuerza sobre personas privadas de la libertad catalogadas de alto riesgo. Jácome indicó que esto siempre ha estado en el Código Penal, pero existe un problema en la capacitación: “La Policía no sabe cuándo aplicar la legítima defensa, cuándo es legítimo que intervenga con fuerza sobre las personas”.

Señaló que en la reforma es abierto el lenguaje que se usa. “Se hace como una referencia casi genérica y se habla de que se van a hacer operativos y demás, pero nunca te dice absolutamente nada, porque el uso legítimo de la fuerza siempre se analiza caso a caso”.

Tanto Bastías como Navarrete y Jácome apuntaron contra el Estado y la falta de atención en las cárceles. “Este Gobierno y otros no han hecho nada con relación a la grave crisis carcelaria”, criticó Navarrete, quien recordó que en 2025 se registraron más de 600 muertos por tuberculosis.

Jácome calificó como “absurda” la cifra de 1.220 reclusos fallecidos en total, de los que al menos 206 perdieron la vida durante enfrentamientos entre bandas criminales y otros actos de violencia.

Por su lado, Bastías, aunque considera que el proyecto de ley aprobado es bueno, admite que no puede verse como una victoria, “cuando la Asamblea no ha realizado ningún control de fiscalización sobre el cumplimiento o no de las obligaciones que tienen el SNAI y el Ministerio del Interior”.

“El Estado debe garantizar lo básico”

A Pilar Catagua, directora y vocera del Comité de Familiares en Lucha y Fe por los Privados de Libertad, la nueva ley le genera preocupación.

“Veo que muchas veces las leyes se plantean desde el papel, pero no desde la realidad que viven los privados de libertad. Antes de hablar de fortalecer el sistema, el Estado debe garantizar lo básico: vida, salud, alimentación y trato digno. Sin eso, cualquier ley queda incompleta”, declaró.

“Lo que se vive a diario es doloroso: muertes, desnutrición, enfermedades como tuberculosis y una falta de atención que no debería existir”, agregó.

Dijo que ha evidenciado el abandono y la negligencia del Estado, así como la vulneración de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Por esas mismas razones, otros familiares también le han expresado su preocupación.

Aunque unos la ven como una iniciativa positiva, la mayoría la percibe con incertidumbre.