El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con carácter económico urgente. La iniciativa tiene como objetivo establecer un régimen de incentivos tributarios y facilidades para canalizar donaciones que se destinen de forma exclusiva a reforzar la capacidad operativa de las instituciones del orden.

Según el comunicado oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la propuesta contempla la modernización de equipamiento y la adquisición de insumos que permitan a policías y militares cumplir con sus labores constitucionales. El Ejecutivo subrayó que la seguridad ciudadana es un eje estratégico y que esta medida busca garantizar recursos frescos en un contexto de creciente violencia.

¿Qué tipo de donaciones contempla la ley?

El proyecto especifica que las donaciones podrán consistir en bienes muebles o inmuebles, equipos y suministros nuevos, siempre que estén en condiciones óptimas para su uso. En el caso de contribuyentes nacionales, estos aportes serán reconocidos como deducciones en el impuesto a la renta del respectivo período fiscal, de acuerdo con los límites y procedimientos que se establezcan en la ley y su reglamento.

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La medida apunta a incentivar la colaboración del sector privado y la ciudadanía en general, canalizando recursos hacia las fuerzas del orden para fortalecer sus capacidades frente al crimen organizado y otras amenazas a la seguridad nacional.

Un contexto marcado por el paro nacional

El anuncio llega en medio del paro nacional que desde hace días mantiene bloqueos en vías estratégicas y movilizaciones en distintas provincias del país. En Quito, por ejemplo, se han registrado cierres en los accesos norte y sur de la ciudad, mientras en otras regiones se han reportado incidentes como la retención de militares y enfrentamientos con la fuerza pública.

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El gobierno ha insistido en que, pese a las manifestaciones y a la oposición política en la Asamblea, la prioridad será garantizar la seguridad interna. En el comunicado se recalca que “nada detiene” el propósito de reforzar a las fuerzas del orden, incluso cuando actores políticos busquen —según el Ejecutivo— obstaculizar el fortalecimiento institucional.

Seguridad como prioridad política

Al presentar el proyecto, Noboa reafirmó que la seguridad del Ecuador “es una prioridad inaplazable”. La propuesta se enmarca en una serie de decisiones adoptadas durante su mandato, como la reducción de ministerios para enfocar recursos en sectores clave y la cooperación internacional para enfrentar al crimen transnacional.

Con esta iniciativa, el gobierno pretende no solo dotar de herramientas a policías y militares, sino también proyectar un mensaje político: que la seguridad no admite dilaciones, aun en medio de protestas sociales y presiones legislativas.

Lo que pasará tras el envío de la ley urgente

La Asamblea Nacional deberá tramitar el proyecto con carácter económico urgente, lo que implica que tendrá un plazo máximo de 30 días para debatirlo y aprobarlo, modificarlo o archivarlo. En caso de que no se alcance una resolución dentro de ese plazo, la ley entrará en vigencia por el ministerio de la ley.

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