Otto Vera asegura que venta a Bellitec fue legal y responde a críticas

El exalcalde de Santa Elena y actual asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera, respondió a los cuestionamientos por la venta de cerca de 750 hectáreas municipales a la empresa Bellitec. Asegura que no existió ilegalidad en la reforma de la ordenanza que permitió la venta directa de terrenos, sin subasta pública.

Según Vera, el cambio normativo se ajustó plenamente a las competencias que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) otorga a los concejos municipales. Sostiene que la ley no fija plazos para modificar ordenanzas y que estas pueden adaptarse al contexto social y económico.

El exalcalde explicó que la reforma se dio en un momento crítico, marcado por la pandemia. En ese escenario, dijo, el Municipio impulsó la entrega de lotes a cerca de 8.000 ciudadanos como parte de una estrategia de reactivación económica.

“La ordenanza se ajustó a la realidad que vivía Santa Elena. Necesitábamos dinamizar la economía y buscar alternativas para poner en valor terrenos que no estaban siendo productivos”, afirmó.

Vera rechazó que la eliminación de la subasta haya otorgado discrecionalidad absoluta al alcalde. Aseguró que la ordenanza faculta al Concejo Cantonal a definir cuándo procede una venta directa y cuándo una subasta, dependiendo de las condiciones del mercado.

Argumentó que, en algunos casos, los procesos de subasta pueden resultar desfavorables para el Municipio, ya que las ofertas suelen ubicarse por debajo del avalúo, generando pérdidas para la administración local.

Terrenos acuícolas, no inmobiliarios

Respecto a las tierras vendidas a Bellitec, Vera precisó que se trataba de terrenos productivos declarados acuícolas, sin potencial para desarrollo inmobiliario. Según dijo, estudios técnicos del Municipio determinaron que esas áreas no eran aptas para urbanización.

“No eran terrenos apetecibles para el sector inmobiliario. Mantenerlos sin uso no generaba ningún beneficio para la ciudad”, señaló.

El exalcalde negó que la reforma se haya planteado para favorecer a un comprador específico. Indicó que la Municipalidad enfrentaba un alto déficit habitacional y una limitada disponibilidad de terrenos, lo que obligó a buscar mecanismos para enajenar predios y atraer inversión.

Insistió en que el proceso fue transparente y ajustado a la ley.

Inversión y empleo como justificación

Vera defendió la venta señalando que permitió atraer a un inversionista de peso. Recordó que Bellitec es uno de los mayores exportadores del país y sostuvo que la operación abrió la puerta a inversión privada y generación de empleo en la provincia.

“Un terreno improductivo no aporta nada. En cambio, la inversión genera trabajo y dinamiza la economía local”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos ha sido el valor de la transacción. Vera aseguró que la venta generó alrededor de USD 7 millones y defendió que el precio estuvo por encima de otros proyectos similares en la zona.

Como ejemplo, citó un terreno acuícola vendido en Chanduy en 2022 por el Ministerio de Agricultura, donde el precio por hectárea fue de USD 27.

Sobre los reclamos de la familia Perrone, que sostiene que parte de los terrenos les pertenecían y que sus códigos catastrales desaparecieron, Vera calificó el tema como administrativo.

Indicó que Inmobiliar entregó escrituras libres de gravámenes y que cualquier reclamo debe resolverse en la vía judicial. “Si un tercero considera que tiene derechos, debe demandar. Será la justicia la que determine responsabilidades”, dijo.

Negó que exista un historial válido de propiedad a favor de esa familia y aseguró que desde la década de 1990 han perdido todas las acciones judiciales emprendidas.

La cláusula contractual cuestionada

Respecto a la cláusula en el contrato con Bellitec que obliga al Municipio a iniciar acciones legales para dejar sin efecto inscripciones previas, Vera afirmó que no implica reconocimiento alguno de irregularidades.

“Si estás seguro de que el bien no tiene problemas legales, aceptar una cláusula así no significa cometer una ilegalidad”, sostuvo.

Consultado sobre versiones que lo vinculan con supuestos respaldos políticos o pagos irregulares, Vera rechazó cualquier señalamiento. Afirmó que su patrimonio es revisado anualmente por la UAFE y el SRI y que no existe ninguna observación en su contra.

“Somos funcionarios sujetos a control permanente. Si hubiera algo irregular, ya se habría detectado”, concluyó.