Tres de los 13 detenidos en Otavalo por presunto terrorismo consiguieron uno de los pedidos planteados por sus familias y defensas: ser reubicados en una cárcel cercana a su lugar de origen. 

Según una providencia emitida el 3 de octubre de 2025 por la Unidad Judicial especializada en crimen organizado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) llevó a cabo el traslado de Alfredo Padilla Criollo, Luis Alberto Cruz Burga y Diego Armando López Ramírez del CPL Manabí N.º 4 al CPL Imbabura N.º 1 para “precautelar la vida, seguridad e integridad” de los internos.

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La misma resolución judicial detalla que ocho de los procesados se mantienen en el CPL Manabí N.º 4: Luis Henry Jácome Espinosa, José Segundo Amaguaña Quinchuqui, Elvis Damián Lanchimba Morán, Luis Enrique Moreta Flores, Berny Jonathan Anchundia Andrade, Luis Ernesto Tituaña Maldonado, Juan Sebastián Muenala Traves y Washington Jeremy Lita Perugachi. 

El detenido en Otavalo que permanece en Esmeraldas

En tanto, William Andrés Rojas López figura en una planilla de traslados con destino al CPL Esmeraldas N.º 2, de acuerdo con el documento administrativo revisado por este medio. Con ello, del total de 12 imputados: 3 fueron llevados a Imbabura, 8 siguen en Manabí y 1 fue enviado a Esmeraldas.

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Los 12 ciudadanos fueron sometidos a prisión preventiva el 23 de septiembre, en el marco de las causas abiertas por hechos ocurridos durante el paro nacional. En esa audiencia, la jueza también dispuso que el SNAI observe los protocolos especiales para personas indígenas (Resolución 053-2023 del Consejo de la Judicatura y jurisprudencia constitucional). Días después, la magistrada inadmitió por extemporáneo un recurso de apelación presentado por uno de los procesados, decisión asentada en los artículos 653 y 654 del COIP.

Situación en Guaranda

La situación de los arrestados en Guaranda siguió un curso paralelo. En esa ciudad, la mañana del este sábado 4 de octubre de 2025 se convocó a audiencia de calificación de flagrancia para resolver la situación jurídica de varios detenidos por las protestas, entre ellos el exalcalde Luis Medardo Chimbolema Chimbolema. 

La diligencia fue señalada para las 08:40 por el juez de turno de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Guaranda. Hasta el cierre de esta edición, el resultado de dicha audiencia no había sido publicado oficialmente.

Sanciones

El terrorismo se castiga con hasta 26 años de prisión (si hay muerte), y la paralización del servicio público (delito investigado en el caso de Guaranda), con hasta 3 años.

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