La mañana de este martes 30 de septiembre de 2025 se convoca en la Asamblea Nacional una comparecencia de familiares de personas detenidas y del comunero fallecido durante el Paro Nacional, con el objetivo de denunciar presuntas vulneraciones a derechos humanos y exigir justicia. La cita ha sido difundida a través de organizaciones sociales y medios comunitarios, que llaman a acompañar y visibilizar estos testimonios.

La convocatoria señala que las familias de los detenidos y del fallecido presentarán sus testimonios ante legisladores, organizaciones y prensa. “Somos comuneros, no terroristas”, es la consigna que acompaña la invitación, en rechazo a las acusaciones judiciales que pesan sobre varios manifestantes. Los familiares sostienen que las detenciones han sido arbitrarias y buscan que sus casos se reconozcan dentro de un proceso de reparación integral.

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Entre los reclamos más visibles está el de los 12 detenidos de Otavalo, en Imbabura, procesados bajo cargos de terrorismo y trasladados a centros penitenciarios de otras provincias: Manabí y Esmeraldas. Este episodio ha sido considerado uno de los más emblemáticos por organizaciones indígenas y de derechos humanos, que lo califican como una criminalización de la protesta. Sus allegados han reiterado que se trataba de comuneros que participaron en las movilizaciones y que no integran ninguna estructura delictiva.

El caso de Efraín Fuerez

El otro punto central de la comparecencia será el caso de Efraín Fuerez, de 46 años, comunero de Cotacachi. Según denuncias de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y reportes de prensa nacional, Fuerez murió tras recibir impactos de bala en medio de las protestas del 28 de septiembre, en la vía Cotacachi–Otavalo. Fue trasladado al hospital de Cotacachi, donde falleció poco después.

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La Fiscalía abrió una investigación previa por posible uso excesivo de la fuerza. Para las organizaciones sociales, este caso es la evidencia más grave de la represión estatal en el marco de las protestas, y la comparecencia busca mantenerlo en el centro del debate público.

Cifras oficiales y cuestionamientos

El Ministerio del Interior ha informado que, en el marco de las manifestaciones de septiembre, alrededor de 95 personas fueron detenidas por incidentes vinculados a las protestas. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en cambio, documentó 63 detenciones verificadas hasta el 28 de septiembre, además de al menos un fallecido.

En contraste, los operativos económicos realizados en el mismo periodo arrojaron cifras mucho mayores —hasta 500 detenidos por especulación y comercio irregular—, pero estas no corresponden directamente a las protestas. Los movimientos sociales han cuestionado que las cifras oficiales mezclen ambos escenarios y han insistido en diferenciar las aprehensiones vinculadas a las manifestaciones.

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